Unidad para las Víctimas lidera articulación institucional para definir la reubicación de 105 familias Emberá desplazadas en el norte del Valle del Cauca

Se trata de 407 personas que hacen parte del resguardo San Quinini, perteneciente al pueblo Emberá Chamí, que están asentadas en el casco urbano del municipio vallecaucano de Bolívar desde octubre de 2024.

Con el objetivo de avanzar en el proceso de reubicación de 105 familias desplazadas por el conflicto armado, pertenecientes al resguardo indígena Emberá San Quinini, la Unidad para las Víctimas instaló una mesa de articulación interinstitucional en el municipio de Bolívar, al norte del Valle del Cauca. 

Rosiris Angulo Herrera, directora de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, destacó que la instalación de la mesa interinstitucional logró su propósito de hacer que entidades del orden nacional, regional y local evaluaran los avances en la atención a esta población indígena e identificaran las posibles rutas para la reubicación de las familias. 

“Es un proceso muy importante para esta comunidad que ha tenido que afrontar durísimas circunstancias. La mesa articula a actores como la Alcaldía de Bolívar, y también a la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Paz departamental. Además, de manera virtual participaron la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección y la Sociedad de Activos Especiales”, afirmó la directora Angulo. 

El resguardo de San Quinini se ha visto gravemente afectado por el conflicto, debido a que ha tenido que enfrentar situaciones como el confinamiento y el desplazamiento forzado. A partir del destierro sufrido, una parte de la comunidad permanece en el municipio de El Dovio y otra en el municipio de Bolívar. 

Su desplazamiento se dio después de sufrir hechos victimizantes que incluyen el asesinato de líderes de la comunidad, amenazas, hostigamientos y la instalación de minas antipersonales en sus territorios ancestrales, donde los grupos ilegales han sembrado cultivos ilícitos en jurisdicción del Cañón del Garrapatas y del río San Quinini. 

La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso de seguir articulando esfuerzos interinstitucionales para garantizar que la reubicación de los pueblos indígenas en condición de vulnerabilidad y su reparación integral sean una realidad tangible en cada rincón del país y en especial en los territorios afectados por el conflicto armado. 

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