Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas

Para proteger, garantizar y promover la participación efectiva de las víctimas fue construido el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, a partir de un amplio ejercicio deliberativo que recogió los aportes, las observaciones, las sugerencias y las propuestas de múltiples documentos, foros, reuniones y sugerencias aportados por Organizaciones de Víctimas, entidades estatales, entes territoriales, órganos de control, entidades de cooperación, ONG y, los distintos espacios de concertación como el espacio Nacional Transitorio, los Espacios Territoriales, y las Mesas de Fortalecimiento de organizaciones de población desplazada de todo el país. La coordinación del proceso de concertación, compilación, sistematización, socialización y diálogo político para la construcción del Protocolo estuvo a cargo de la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas.

La etapa final de su discusión se realizó en el Congreso de la República, donde se le dedicaron dos debates de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas del Senado, con presencia de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

En la construcción del Protocolo se tuvo como punto de partida lo dispuesto en la Constitución Nacional, en el marco del principio fundamental de la democracia participativa, la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como los requerimientos de la Corte Constitucional, a propósito de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

En general, el Protocolo estructura un sistema nacional, departamental, distrital y municipal de representación de las víctimas, a través de las Mesas de Participación Efectiva, que son las que a nombre de las víctimas concertarán con el Estado los planes, programas y proyectos, destinados a desarrollar las políticas públicas de atención y reparación integral. Dicho sistema se diseñó de lo local a lo nacional, y teniendo en cuenta los distintos hechos victimizantes (contra la vida y la libertad, contra la integridad física, violencia sexual y desplazamiento forzado) y enfoques diferenciales (jóvenes, persona mayor, mujeres, LGBTI, personas en condición de discapacidad y étnicos).