Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas

Para proteger, garantizar y promover la participación efectiva de las víctimas fue construido el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, a partir de un amplio ejercicio deliberativo que recogió los aportes, las observaciones, las sugerencias y las propuestas de múltiples documentos, foros, reuniones y sugerencias aportados por Organizaciones de Víctimas, entidades estatales, entes territoriales, órganos de control, entidades de cooperación, ONG y, los distintos espacios de concertación como el espacio Nacional Transitorio, los Espacios Territoriales, y las Mesas de Fortalecimiento de organizaciones de población desplazada de todo el país. La coordinación del proceso de concertación, compilación, sistematización, socialización y diálogo político para la construcción del Protocolo estuvo a cargo de la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas.

La etapa final de su discusión se realizó en el Congreso de la República, donde se le dedicaron dos debates de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas del Senado, con presencia de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

En la construcción del Protocolo se tuvo como punto de partida lo dispuesto en la Constitución Nacional, en el marco del principio fundamental de la democracia participativa, la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como los requerimientos de la Corte Constitucional, a propósito de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

En general, el Protocolo estructura un sistema nacional, departamental, distrital y municipal de representación de las víctimas, a través de las Mesas de Participación Efectiva, que son las que a nombre de las víctimas concertarán con el Estado los planes, programas y proyectos, destinados a desarrollar las políticas públicas de atención y reparación integral. Dicho sistema se diseñó de lo local a lo nacional, y teniendo en cuenta los distintos hechos victimizantes (contra la vida y la libertad, contra la integridad física, violencia sexual y desplazamiento forzado) y enfoques diferenciales (jóvenes, persona mayor, mujeres, LGBTI, personas en condición de discapacidad y étnicos).

El Protocolo es el primer instrumento de participación de víctimas de un conflicto armado en Colombia, y en el mundo y ha permitido:

  1. Articulación con la Defensoría del Pueblo, enlaces de participación, defensorías regionales, y personeros; diferentes áreas de la Unidad, directores territoriales y cooperación internacional en todos los procesos de fortalecimiento a las mesas de participación efectiva de las víctimas.
  2. Posibilidad de revisión de los Planes de Acción Territoriales, PAT, proceso que actualmente están realizando diferentes mesas departamentales, logrando también el compromiso real, político y presupuestal, de alcaldes y gobernadores.
  3. Apertura de espacios a todos los hechos victimizantes, los enfoques diferenciales, y generó una representación de lo local a lo nacional, donde están representados todos los departamentos del país. De esta forma rompe la lógica centralista que se impuso en el anterior espacio de participación de la población desplazada, y también rompe con la no movilidad de liderazgos ante la imposibilidad de rotación que tenía el anterior sistema. Ahora, el Protocolo visibiliza diferentes liderazgos locales y regionales, y exige la paridad con las mujeres en los espacios de representación.
  4. Otorga a las Mesas de Víctimas el carácter de institución de la democracia participativa, derivando este carácter de la Constitución Nacional, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800, y la misma Resolución 0388 de 2013, lo que genera mayor peso a los espacios de representación de las víctimas y, a la vez, mayor compromiso al Estado frente a las garantías para la Participación Efectiva de las Víctimas.
  5. Generó espacios de participación con garantías en el ejercicio de representar a las millones de víctimas y obligaciones a la hora de interlocutar con el Estado e incidir en las políticas públicas. Las Mesas de Víctimas hacen parte fundamental y se convierten en el principal actor dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, tanto a nivel nacional, como territorial.
  6. Garantiza la participación de la población en situación de desplazamiento para que esta sea efectiva y significativa, determina la incidencia en las políticas públicas de manera pertinente y calificada y regula de manera privilegiada la participación a población en situación de desplazamiento al señalar que por este hecho victimizante serán ocho (8) cupos a proveer en las mesas municipales, distritales y departamentales, y en la Mesa Nacional, diez (10). En todas las mesas deberá existir Comité Temático de Población Desplazada, además, los representantes ante el Comité Ejecutivo de Restitución de Tierras deberán ser únicamente víctimas de desplazamiento forzado.
  7. Generó que se discutiera con más fuerza el tema de víctimas de frontera y connacionales en el exterior, proceso al que se ha articulado la Cancillería.
  8. Hizo especial énfasis a la conformación de comisiones temáticas de niños, niñas y adolescentes, de mujer, de desplazamiento forzado, de discapacidad, y de grupos étnicos. Y ordenó también la promulgación de protocolos especiales y diferenciados para Pueblos Indígenas, comunidades negras y afrodescendientes, y pueblo Rrom, así como un protocolo especial para niños, niñas y adolescentes.
  9. Frente al seguimiento de la política pública, incluidas las propuestas de las mesas, el numeral 17 del artículo 8 de la Resolución No. 0388, establece la presentación de un informe de las mesas municipales a los Concejos de cada municipio, por medio de un Cabildo Abierto; de igual manera de las mesas departamentales a las Asambleas; y de la Mesa Nacional al Congreso de la República. Adicionalmente, el numeral 19 del mismo artículo establece la posibilidad de invitar a las entidades responsables de las políticas públicas en los tres niveles de la administración, para que informen del estado, enfoque, proyección o cualquier otro aspecto de la política pública que requiera ser evaluado. Este es un procedimiento explícito para realizar seguimiento y monitoreo a los mecanismos de participación y, además, establecer la obligatoriedad a todas las instancias del SNARIV, de contestar a los requerimientos de las Mesas de Víctimas en un plazo no superior a 15 días, y a establecer un sistema de información en cada nivel de las propuestas realizadas por las mesas.
  10. El mayor avance es la irrupción de nuevos, locales y diferenciales liderazgos entre las víctimas, lo que exige un fuerte acompañamiento y procesos de formación para estos representantes. De la misma forma, la comprometida participación de las víctimas en el actual proceso va a exigir de alcaldes, gobernadores y de las entidades nacionales del SNARIV, un mayor compromiso con la participación de las víctimas. El mayor reto, será aterrizar la incidencia de las víctimas en las políticas, a lo local y regional, así como involucrar a ministerios, programas nacionales y demás entidades en tener mayor fluidez en su relación con las víctimas, en fortalecer su capacidad de respuesta, y a generar mayores espacios para que las Mesas de Participación sean verdaderos espacios de interlocución y fuentes de insumos válidos para la elaboración de los planes, programas y proyectos para las víctimas.
  11. El Protocolo ha permitido que en la actualidad se estén instalando Mesas de Participación municipal, departamental y nacional, en donde las víctimas bajo un esquema de elección y representación escogen a los representantes en las Mesas de Participación, ante los Comités Territoriales de Justicia Transicional y los demás espacios de discusión de la Política Pública.

a. Instalación de mesas de participación

Con la aprobación de la Resolución 0388/13 que adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, se inició la instalación de las mesas municipales, distritales, departamentales y nacional de participación efectiva, las cuales, a la fecha, han servido de punto de encuentro, discusión e incidencia de las víctimas ante las autoridades locales, regionales y nacionales en la formulación de los Planes de Acción Territorial PAT, planes de desarrollo en todos sus niveles y en componentes de la Política Pública, que contribuyan al goce efectivo de sus derechos.

En el primer proceso de elección 2013-2015 se eligieron 920 mesas de víctimas (886 mesas municipales, 1 Mesa Distrital de Bogotá, 32 departamentales y 1 Mesa Nacional); para el período 2015-2017 (segundo período), se eligieron 1.030 mesas de víctimas (14 mesas locales de Bogotá, 982 mesas municipales, 1 Mesa Distrital de Bogotá, 32 mesas departamentales y 1 Mesa Nacional), para el período 2017-2019 (tercer período), se eligieron 1.057 mesas de víctimas (19 mesas locales de Bogotá, 1.004 mesas municipales, 1 Mesa Distrital de Bogotá, 32 mesas departamentales y 1 Mesa Nacional).

Organizaciones de Víctimas de todo el país participaron en el proceso democrático descrito, en los que se eligieron representantes por todos los hechos victimizantes y enfoques diferenciales, de los que da cuenta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas: representación de mujeres, jóvenes, población LGBTI, personas mayores, personas en condición de discapacidad y grupos étnicos; y para los segundos, por vida y libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual e integridad física y psicológica.

b. Ajustes al Protocolo de Participación

La Resolución 0588 de 2013 aclaró el proceso de elección de las mesas municipales y la Mesa Nacional, y reguló la participación de las Organizaciones de Víctimas (OV) y Organizaciones Defensoras de las Víctimas (ODV). Entre tanto, la Resolución 01448 del 2013, definió los periodos de las mesas de participación efectiva de las víctimas.

El 26 de diciembre de 2014, con el fin de fortalecer los liderazgos locales en las mesas de víctimas de todo nivel, visibilizar y dinamizar la participación de los hechos victimizantes y los enfoques diferenciales, de generar procesos de participación y representación de las víctimas en condiciones de igualdad y equidad, y de aclarar y complementar los mecanismos de participación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, expidió la Resolución 0828. La Resolución estipula que las organizaciones pueden inscribirse como organizaciones municipales, distritales, departamentales o nacionales ante cualquier personería del país, y postular sus representantes a todos los hechos victimizantes y los enfoques diferenciales, según su naturaleza.

Es por lo expuesto que la Resolución fortalece la presencia de las mesas municipales en la elección departamental y nacional. Anteriormente, las mesas municipales enviaban sólo dos representantes a la elección de la mesa departamental, ahora serán hasta nueve representantes; y de la misma forma las mesas departamentales envían todos sus representantes por hecho victimizante y enfoque diferencial a la conformación de la Mesa Nacional. El resultado final es que todos los miembros de la Mesa Nacional, necesariamente deberán ser miembros de mesas municipales y departamentales, y todos los hechos victimizantes y los enfoques diferenciales pueden participar en la elección de las mesas departamentales y por ende en la Nacional.

Desde finales del mes de noviembre de 2016, la Mesa Nacional de Víctimas propuso e insistió a la Unidad para las Víctimas, ajustar el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas en al menos 20 asuntos, de los cuales se incluyó mayor representación de los hechos victimizantes de minas antipersona y desaparición forzada de cara a la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP, así como establecer unas nuevas  fechas de elección de las futuras Mesas de Participación, las cuales se corrieron a partir del 20 de agosto a nivel municipal, el 20 de septiembre a nivel departamental y del mes de octubre la Mesa Nacional de Víctimas.

Como cambio importante en el Protocolo de Participación fue la ampliación de los cupos de los representantes de los afectados por Minas Antipersonas (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados  (AEI), y de los representantes de Desaparición Forzada, con el ánimo de fortalecer la participación ya existente de los representantes de estos hechos, máxime cuando son temas centrales en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz; principalmente  en lo dispuesto en el numeral 5.3.1.7, bajo el entendido de que los espacios de participación existentes deberán ser ampliados y fortalecidos con la participación de otras víctimas,  organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Por lo anterior, el Protocolo de Participación la extendió para aquellos grupos que no se sentían representados en las Mesas de Participación de Víctimas con dos cupos tanto para connacionales víctimas en el exterior y grupos étnicos en aquellos municipios y distritos en donde no existe la representación de las autoridades tradicionales y/o propias.

Este ajuste se realizó con la expedición de las Resoluciones 01281 y 01282 del 30 de noviembre de 2016; y 01392 del 29 de diciembre de 2016.

El último ajuste corresponde a la Resolución 0677 de 2017, por la cual se regula y fortalece el procedimiento para la elección de los representantes de las comunidades étnicas en las mesas municipales de participación, cuando en el municipio no exista autoridad tradicional étnica.