La Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas de Sucre socializó 91 propuestas, las cuales esperan que se tomen en cuenta en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Las propuestas discutidas contienen 40 acciones de prevención y protección, 25 de asistencia y atención y 26 de reparación integral, con las que aspiran que haya mejores condiciones para las 329.239 víctimas del conflicto armado del departamento.
Las propuestas están dirigidas al fortalecimiento de la política pública, con acciones que deberían tenerse en cuenta para prevenir nuevos hechos en territorios donde han aumentado el número de víctimas. También se hizo énfasis en promover diálogos de paz con actores armados, la restructuración de la fuerza pública y garantías de seguridad y protección para los representantes de las víctimas defensores de sus derechos.
Además, el documento hace énfasis en aspectos como:
- La realización de proyectos productivos para los jóvenes y mujeres.
- La ampliación de la oferta institucional de generación de ingresos, empleabilidad y productividad.
- Mayor seguimiento por parte de la Procuraduría y demás organismos de control a los procesos de restitución de tierras.
- Acceso de las mesas de participación a la caracterización para los programas de vivienda y de generación de ingresos.
- Incremento en los cupos para educación superior a la población víctima del conflicto armado por diez años para complementar la oferta pública ya existente.
- Planes de retornos y reubicaciones construidos con las comunidades afectadas y su fortalecimiento con los enfoques diferenciales.
- La creación del plan decenal de política pública para las víctimas.
- Tener una reparación integral con vivienda, educación, salud, vías de acceso y unidades productivas para el indemnizado.
- Tener en cuenta el incremento de la asignación presupuestal y ampliar la cobertura otorgada para el reconocimiento de las indemnizaciones por parte del Presupuesto General de la Nación con recursos de cooperación internacional.
- En rehabilitación: aumentar las ayudas técnicas para las personas con discapacidad y víctimas de hechos victimizantes de minas antipersonal, con la asignación presupuestal obligatoria por parte de los entes territoriales y del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Como medidas de satisfacción: incluir en el pénsum académico y/o en los planes de estudios de la educación básica primaria y secundaria la cátedra de memoria histórica.
- Hacer ajustes al Protocolo de participación efectiva de las víctimas (resolución 01668 de 2020).
En estos ejercicios participaron representantes de las víctimas de los municipios de La Unión, Los Palmitos, Sampués, San Marcos, Buenavista, Palmito, San Benito Abad, Chalán, El Roble, Colosó, Corozal, Coveñas, Caimito, Tolú, Guaranda, Majagual, Galeras, San Juan de Betulia, San Pedro, Toluviejo y Sincelejo; además de funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y el equipo de la dirección territorial Sucre por parte de la Unidad para las Víctimas.
(Fin/SED/COG/RAM)
