Como un “acontecimiento histórico” calificaron las víctimas del conflicto armado en la Alta Montaña de los Montes de María, Bolívar, la protocolización de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), que resarcirá, con acciones reparadoras, a dos comunidades étnicas de esta región, tras los daños causados por el conflicto armado.
Luego de casi una década de haberse iniciado la construcción de estos planes es, bajo esta nueva dirección de la Unidad para las Víctimas, liderada por Patricia Tobón Yagarí, y la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Marta Luz Salazar, cuando se materializa este paso importante para el resarcimiento integral de los derechos del Consejo Comunitario de Comunidades Negras ‘Eladio Ariza’, en el corregimiento de San Cristóbal, San Jacinto; y del Consejo Comunitario de Berruguita, una comunidad étnica que habita en Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar.
Los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) fueron definidos este año luego de unas fructíferas jornadas de interacción, aportes y concertación entre las comunidades sujetos étnicos de reparación colectiva y profesionales de la Unidad para las Víctimas, así como representantes de unas veinte instituciones del Estado del nivel territorial y nacional que tienen incidencia en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), órgano coordinado por la Unidad y que está encargado de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas.
Estos planes contemplan, entre otras, acciones reparadoras de los derechos fundamentales perdidos por estas comunidades durante el conflicto armado. El rescate de sus costumbres, tradiciones, cultura, saberes y practicas ancestrales, igualmente afectadas durante la guerra. La construcción de escuelas, parques, escenarios deportivos, puestos de salud, centros comunitarios, la dotación de maquinarias agrícolas, espacio de capacitaciones y formación, así como otras acciones que buscan la reparación de los daños por racismo y discriminación racial.
El representante legal del Consejo Comunitario de Berruguita, Jaider Romero Pestana, dijo que desde el 2014 se estaba en el proceso de consecución de las acciones que repararan los daños sufridos durante los años de la violencia, que los obligaron a desplazarse a otros territorios por cuenta de los grupos armados ilegales que operaban en la región.
“Esto que se consiguió hoy es un gran logro para la comunidad de Berruguita. Este plan que llevamos con la Unidad y que se va a ejecutar me enorgullece tanto como líder y como miembro de la comunidad porque se va a ver reflejado en los jóvenes, en sus proyectos de vida para el futuro y para que no queden a merced o sean víctimas de los grupos armados ilegales. Este plan nos promete un cambio positivo, es el fruto de muchos años de lucha, de esfuerzos y que se va a reflejar en un mejor mañana”, expresó el dirigente montemariano.
Por su parte, el líder de San Cristóbal, integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, ‘Eladio Ariza’, el dirigente Eder Ariza, dijo que en su territorio se ha desarrollado una lucha histórica por conseguir el beneficio comunitario y restablecimiento de sus derechos y que esta lleva cerca de diez años.
“Esto no ha sido fácil, este es el día en que se protocoliza el PIRC para nuestra comunidad y es un día satisfactorio, porque es un proceso que trabajamos unidos y por eso este es un día histórico, porque representará un mejor futuro para los jóvenes y niños. También es el inicio de una nueva vida para nuestro Consejo Comunitario y estamos gradecidos con la Unidad y todas las entidades del Estado que se han comprometido para su ejecución”, dijo.
La lideresa Yuli Blanco Miranda, fundadora del Consejo Comunitario de Comunidades Negras ‘Eladio Ariza’, sostuvo que se hizo realidad un proyecto que parecía imposible de materializar.
“Este plan integral de reparación es una esperanza para nuestra comunidad, para el territorio, para nuestros hijos, para nuestras familias. Este PIRC es una luz que se enciende en nuestras vidas, en nuestros caminos y esperamos que sea para salir adelante”, dijo.
Para Marta Luz Salazar, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar-San Andrés, la fase de protocolización es importante por el avance significativo que se da en esta ruta de reparación colectiva, además empieza la ejecución de estos dos PIRC para estas dos comunidades negras de los Montes de María.
“Empieza ahora una nueva fase que tiene que ver con la posibilidad y capacidad de incidencia que tengamos como institución, como Unidad para las Víctimas y como coordinadora del SNARIV, pero es también de ustedes como sujetos de reparación colectiva para interactuar e interlocutar, para exigir, de manera conjunta, el cumplimiento de las acciones que están contenidas en los PIRC que están en clave de las causas estructurales del conflicto armado”, dijo.
Explicó que desde principios de este año la Unidad para las Víctimas retomó los suspendidos procesos de ruta de reparación colectiva y se desarrollaron diálogos para avanzar con ejercicios de rememoración y una revisión conjunta con las comunidades del documento de caracterización del daño. “De esa manera se formularon los PIRC que guardan el nexo del daño colectivo causado y las medidas de reparación colectiva”, sostuvo.
Hizo un reconocimiento a estos Consejos Comunitarios por sus luchas, resistencias y persistencia de seguir en el territorio cuidando de sus prácticas cultuales.
“Estos planes logran la voluntad de estas comunidades de seguir el dialogo con el Estado. Estas acciones que culminan son observadas por los otros sujetos de reparación colectiva teniendo en cuenta que estos pertenecen a redes comunitarias que avanzan, juntos, en la lucha y defensa de sus derechos”, agregó Salazar.
Destacó la integración y compromisos adquiridos por otras entidades del Estado que acompañaron el proceso y que hicieron presencia en los territorios.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
