El aumento significativo en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en especial a las del desplazamiento forzado, fue uno de los avances de este Gobierno que resaltó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, en medio de la sesión técnica que desarrolló este lunes la Corte Constitucional para dialogar sobre los componentes de verdad, justicia y reparación integral a este grupo de personas.
Esta fue la cuarta sesión realizada por el alto tribunal para hacerle seguimiento a las órdenes contempladas en la Sentencia T-025, en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, vivido por 8.609.804 víctimas de este flagelo, según el Registro Único de Víctimas.
En el espacio, víctimas, delegados del Estado, expertas, académicos y representantes de la sociedad civil, hablaron sobre las medidas que han resultado insuficientes y las que sí han servido para garantizar los derechos de quienes tuvieron que salir de sus territorios por causa del conflicto armado.
También, se expresaron algunas recomendaciones para hacer más efectiva la política pública y que sea acorde de las necesidades actuales de las víctimas del desplazamiento en temas como: salud, atención psicosocial, generación de ingresos y acciones encaminadas a brindar soluciones duraderas.
¿Qué ha pasado con la indemnización?
Desde 1996, el Estado colombiano ha indemnizado administrativamente a casi 1,5 millones de víctimas, de las cuales 903.310 son víctimas del desplazamiento forzado, con una inversión acumulada de seis billones de pesos aproximadamente. En su intervención, Tobón Yagarí destacó que las indemnizaciones pagadas por desplazamiento forzado en este Gobierno han sido históricas, pues representan el 18% del total para las personas incluidas por este hecho victimizante: “En un año y medio se ha avanzado de forma importante, debido a que se ha logrado aumentar anualmente el pago de esta medida, indemnizando a 160.518 personas desplazadas a través de 180.466 giros. Solo en 2023, logramos la cifra más alta en la historia de víctimas de desplazamiento forzado indemnizadas, que fueron 137.880”.
Si se continúa con ese ritmo de pago de indemnización, se reduciría en 24 años el tiempo que deberían esperar las víctimas de desplazamiento forzado para ser indemnizadas. Así lo afirmó la funcionaria luego de indicar que, con la regularidad de pagos en gobiernos anteriores: “Al Estado le tomaría por lo menos 74 años en indemnizar al universo de víctimas pendientes”. Tras eso mencionó que, conscientes del reto, el Gobierno nacional se comprometió a superar esta brecha para reducir la espera de las víctimas y acelerar el pago de la indemnización tal como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo para 2024.
En cuanto al componente de rehabilitación, la directora Tobón Yagarí resaltó la apuesta para ampliar la cobertura y promover el acceso a esta medida de un número mayor de víctimas en zonas de difícil acceso y víctimas residentes en el exterior. Además, indicó que “desde la Unidad para las Víctimas estamos trabajando para poder avanzar en las unidades móviles de atención psicosocial y mejorar en las acciones para la recuperación emocional de las víctimas”.
Aún persisten los retos
Luego de exponer los avances, la directora reconoció que, así como lo han expresado las víctimas, las organizaciones, los académicos, la Corte Constitucional y los expertos en esta materia, todavía persisten desafíos para superar las fallas estructurales en la implementación de la política pública e insistió en que un asunto fundamental para contribuir a la superación del rezago son las fuentes de financiación.
“A pesar de estos avances somos conscientes de que el reto persiste, porque para reparar al actual universo de 7,2 millones de víctimas susceptibles de ser indemnizadas se requieren más de 75 billones de pesos”, dijo tras indicar que para lograr este objetivo “se requiere un esfuerzo presupuestal sin precedentes”. Por eso, sostuvo que la Unidad para las Víctimas trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda para construir un plan de aceleración del pago de indemnizaciones como estrategia para superar el ECI.
“Sí es importante poder responder cuáles son esas fuentes de financiación. En este Gobierno estamos haciendo ese trabajo de manera seria junto con Hacienda. Tenemos una deuda pública muy grande y en este Gobierno tenemos toda la voluntad de encarar esta discusión para superar el déficit y que los programas puedan, en serio, contar con recursos. Tenemos toda la voluntad de garantizar esos derechos, pero para eso necesitamos los recursos”, enfatizó.
Por último, señaló que en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, se incluyó la creación de una Comisión de Financiamiento para identificar nuevas fuentes de financiación: “Se trata de una estrategia que vincula a otra rama del poder porque el reto de atender y reparar a las víctimas es un asunto de Estado”. Al finalizar el espacio, la Corte Constitucional instó a las entidades a seguir trabajando por la superación del ECI. Es importante porque las reflexiones de estas audiencias servirán de insumo para impartir órdenes en medio de la Sentencia T-025.
