La Unidad para las Víctimas avanza en el proceso de reparación colectiva de 14 comunidades, 8 conformadas por pueblos étnicos y 6 más constituidas por colectivos campesinos y barriales, en ambos departamentos.
Estos colectivos, que cuentan con características sociales, políticas y culturales en común, luego de realizar la declaración por las violaciones a los derechos humanos y los daños sufridos en conjunto a causa del conflicto armado, fueron reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) ante la Unidad para las Víctimas, lo cual dio inicio a la ruta que consta de cinco fases.
Dentro de las comunidades étnicas en Caquetá que están en este proceso se encuentran los cabildos indígenas Muidomeni (Naceda Inena), Embera Chamí La Pradera, Monaya Buinaima, Nassa Uss, Jaieni Diona Portal La Fraguita, Nasa We’sx La Gaitana; así como el resguardo indígena Páez El Líbano y el pueblo Embera Chamí del Resguardo Honduras.
De igual manera, fueron seleccionadas para dar continuidad a su ruta de reparación las comunidades campesinas y barriales del corregimiento de San Adolfo en Acevedo, Huila, y en el caso de Caquetá: Santiago de la Selva en Valparaíso, Peñas Coloradas en Cartagena del Chairá, La Unión Peneya en Montañita, Puerto Torres y Portal La Mono jurisdicción de Belén de los Andaquíes.
Al tiempo, la Unidad para las Víctimas adelanta la segunda fase de alistamiento con colectivos sujeto de reparación ubicados en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá.
“Para 2023, la Unidad para las Víctimas, territorial Caquetá- Huila, ha identificado las acciones que se ejecutarán en las comunidades focalizadas, en articulación con las administraciones municipales y demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). A través de los planes de retornos y reubicaciones para víctimas de desplazamiento forzado y lo planteado en los Planes de Reparación Colectiva, se pretende acercar la oferta institucional a las regiones, superando la vulnerabilidad y aumentando la organización, la confianza y el arraigo territorial”, aseguró la asesora de la dirección general Luisa Margarita Gil Olaya.
Cabe señalar que las fases del proceso de reparación colectiva constan de una identificación y aproximación a los daños ocasionados por la guerra, el alistamiento comunitario con entidades responsables de la atención a las víctimas y/o la instalación de la consulta previa en el caso de comunidades indígenas, el diagnóstico o caracterización del daño, la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) y, finalmente, su implementación.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
