En algunas de las zonas más alejadas y golpeadas por el conflicto armado en Antioquia, miles de niñas, niños y adolescentes viven y se educan en escuelas entre montañas y ríos exuberantes. Pero también entre riesgos como los grupos armados ilegales que pretenden reclutarlos o la deserción escolar.
En respuesta a estas amenazas, como mecanismo de prevención, la Unidad para las Víctimas implementa una estrategia a nivel nacional contra el reclutamiento forzado que, en este departamento, mejora las condiciones de 19 instituciones educativas rurales en Caucasia, Frontino e Ituango con mobiliario escolar y menaje de cocina para sus restaurantes escolares.
En Ituango, la población beneficiada con 11 escuelas renovadas habita las veredas Palo Blanco y otras muy alejadas en los corregimientos La Granja y Santa Rita. Varias de ellas a tres y hasta cinco horas por trochas y caminos de herradura como El Herrero, La Candelaria, San Juanillo, La Soledad y La Sebastiana.
Entre tanto, en Frontino se mejoraron seis sedes educativas también apartadas en los corregimientos La Blanquita, Murrí, Carauta y Chontaduro, mientras que en Caucasia las dotaciones fueron para las dos escuelas de los corregimientos Cuturú y 20 de Julio.
Estos municipios concentran alertas tempranas de entidades oficiales por riesgos para la población derivadas del conflicto armado y disputa entre grupos armados ilegales. Las instituciones fueron focalizadas por la Unidad para las Víctimas, alcaldías y autoridades por su ubicación en zonas con ocurrencia o riesgo de hechos victimizantes.
En estos equipamientos se invirtieron más de $ 345 millones, convertidos en sillas, mesas, tableros y muebles para acondicionar las aulas que reciben a los jóvenes después de largas caminatas. Y los comedores ahora tienen neveras, vajillas, utensilios y ollas industriales para mejorar la alimentación escolar.
La llegada de las dotaciones en camiones o a lomo de mula representa más que nuevo mobiliario. Por eso, con emoción, Diana Tobón Mesa, directiva de la institución educativa del corregimiento La Granja, afirma que “esto no solo reconstruye el tejido social de estas comunidades rurales, también beneficia a las familias y se protege a los niños y jóvenes de la deserción escolar. Sabemos que en estas veredas la escuela no solo es centro de estudio, se convierte en espacio comunitario donde podemos hacer los convites”.
La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Maribel de la Valvanera López Zuluaga explicó que “con esta estrategia de prevención se apuesta a la protección de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la educación en estas zonas tan apartadas y afectadas por la violencia”.
Con esta iniciativa, la infraestructura comunitaria se fortalece con escuelas renovadas y equipadas que se convierten en espacios más dignos para aprender y construir proyectos de vida.
Temas recomendados
En los últimos tres meses, la Unidad para las Víctimas ha invertido en Antioquia más de $688 millones para la dotación mobiliaria de 26 sedes educativas y 7 Juntas de Acción Comunal, incluidas otras 7 escuelas focalizadas en los planes de retornos y reubicación de desplazados en Alejandría, Cocorná, Montebello, Nechí, La Unión, Sonsón y San Roque.