Gracias a un ejercicio de concertación liderado por la Unidad para las Víctimas, y en el que participaron delegados y delegadas de diferentes entidades del Gobierno nacional y representes de cinco consejos comunitarios de los departamentos de Chocó y Nariño, se lograron importantes compromisos en materia de educación y vías de acceso, entre otros, para esos territorios del país.
En total fueron concertadas son 130 medidas de prevención y protección para comunidades negras y afrocolombianas entre los consejos comunitarios de San Isidro, Casimiro, Villa Conto y Cocotrumete del departamento del Chocó y La Voz de los Negros, en Nariño.
En este sentido, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderado y coordinado por la Unidad para las Víctimas, será el encargado de garantizar que las medidas concertadas sean cumplidas por cada uno de los ministerios, institutos y entidades que asumieron compromisos en el marco de esta jornada.
En palabras del representante del Consejo Comunitario de Cocotrumete, Luis Martínez, “el balance es positivo. Nos vamos para el territorio felices, porque logramos muchos avances en materia de educación, de conectividad, de seguridad, ahora esperamos que las medidas y los compromisos se cumplan”.
Por su parte, la coordinadora de comunidades negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la Unidad para las Víctimas, Diana Garrido, aseguró: “Seguimos avanzando en el compromiso de protocolizar los planes de los consejos comunitarios. Esta vez estuvimos con cinco consejos comunitarios, cuatro del departamento del Chocó y uno del departamento de Nariño. Tenemos la meta de protocolizar 18 planes este año, de los cuales ya hemos logrado concretar 13 así que la gestión de la Unidad se ha enfocado en sacar adelante de la mano de las comunidades, esas medidas de atención y prevención que necesiten en sus territorios”.
La funcionaria enfatizó que en “este ejercicio se hace en el marco del derecho fundamental a la consulta previa. Los consejos comunitarios vinieron desde sus territorios a Bogotá para poder concertar las medidas las cuales beneficiarán a sus comunidades y, por supuesto, haremos un ejercicio de seguimiento durante la vigencia 2023-2024 para que estas acciones se lleven a cabo en los territorios”.
Hay que destacar que el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo acompañaron de manera permanente cada una de las mesas en las que se realizó el ejercicio de concertación.
De esta manera, la entidad sigue avanzando en el liderazgo de medidas reales de reparación y atención a las víctimas de los territorios más apartados de Colombia y seguirá con estos ejercicios, con la protocolización de más planes específicos de consejos comunitarios en el mes de noviembre.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
