Esta semana Adith Rafael Romero cumplió su primer mes en la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. En el balance de sus primeros 30 días en el cargo, resaltó que se reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con las 9,9 millones de víctimas del conflicto armado, a través de una gestión más cercana a los territorios y orientada al restablecimiento y garantía de sus derechos.
“Durante los últimos 30 días hemos trabajado sin descanso, apostándole a una Unidad para las Víctimas más humana, más presente en los territorios, que ponga en el centro la dignidad de las víctimas. Nuestra tarea es escucharlas, garantizar sus derechos y construir confianza desde lo local”, destacó el director general, Adith Rafael Romero.
Uno de los principales ejes de la gestión del director Romero es su estrategia nacional “Del escritorio al territorio”, con la cual ha recorrido diversos departamentos del país con el firme propósito de fortalecer la presencia de la entidad en las regiones, supervisar los procesos de atención y reparación, y escuchar de primera mano a las víctimas.
En desarrollo de esta estrategia, Romero visitó los departamentos de Chocó, Santander, Atlántico, Huila, Nariño y Caldas, donde se reunió con víctimas, comunidades étnicas, organizaciones de derechos humanos, jóvenes y autoridades locales, en articulación con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
En Barrancabermeja, sostuvo diálogos con organizaciones como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado (ASORVIMM), la Mesa de Víctimas Municipal y colectivos LGBTIQ+ del Magdalena Medio. En el Atlántico, lideró la reapertura del Punto de Atención de Malambo y compartió con 600 niños y jóvenes artistas víctimas, reunidos en el ArteFest 2025. En Huila, Nariño y Caldas, lideró la entrega de 836 cartas de indemnización por más de $6.800 millones.
Romero también lideró la instalación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un órgano interinstitucional fundamental creado para garantizar la asignación sostenible de recursos para la atención de las 9,9 millones de víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas. Durante la instalación de esta instancia, el director general afirmó que “la paz no se decreta, se financia”, y destacó que esta comisión es un hito para garantizar recursos que financien la reparación de las víctimas del país a través de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La reparación es un pilar fundamental
En el último mes, la Unidad para las Víctimas ha reforzado su apuesta por avanzar en los procesos de reparación individual a través de la entrega de cartas de indemnización. Solo en junio de 2025, la entidad ordenó 12.588 indemnizaciones a 9.846 víctimas del conflicto armado, con una inversión de más de $120.999 millones.
“Con corte al 30 de junio, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han entregado 496.989 indemnizaciones a 465.838 víctimas del conflicto armado, con una inversión total de $4,4 billones. Estas cifras demuestran que le estamos cumpliendo a las víctimas del país y que estamos superando ampliamente los resultados alcanzados en los períodos presidenciales anteriores”, destacó el director general.
En el primer mes de gestión también se lograron avances significativos en Reparación Colectiva, un componente clave para la reconstrucción del tejido social en comunidades gravemente afectadas por el conflicto armado. La Unidad avanzó con el cierre de la fase de alistamiento en 8 sujetos de reparación colectiva, entre ellos 6 comunidades étnicas, una comunidad campesina y una organización de víctimas, y se elaboraron 2 nuevas fichas de identificación en sujetos campesinos.
Además, se protocolizaron 14 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) e implementaron 29 acciones de reparación orientadas a medidas de restitución, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación. Asimismo, 14 sujetos étnicos fueron indemnizados como parte de sus procesos de reparación colectiva, con una inversión cercana a los $9.198 millones, fortaleciendo así la respuesta del Estado a las comunidades étnicas que han resistido los impactos del conflicto.
Atención humanitaria y retornos y reubicaciones
Entre sus directrices, el director Romero pidió avanzar en la entrega de ayudas humanitarias a poblaciones afectadas por hechos como confinamiento, desplazamiento forzado y reclutamiento forzado. Por ello, en el último mes la entidad atendió un total de 3.888 hogares y 12.432 personas afectadas por estos hechos, y destinó $2.651 millones en ayudas humanitarias para atender estas emergencias. Estas ayudas fueron entregadas a población del Catatumbo, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Amazonas.
La entidad también realizó acciones para avanzar en los procesos de retornos y reubicaciones. En Bagadó (Chocó), encabezó una misión interinstitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de 388 compromisos con el pueblo Emberá Katío y verificar el bienestar de las familias que retornaron desde el Parque Nacional en 2024.
Asimismo, bajo el liderazgo de Romero, la Unidad acompañó la reubicación de 93 víctimas de desplazamiento del Catatumbo en predios adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Tolima. También se adelantó la atención integral a víctimas de la Asociación Bellacruz luego de su reubicación en Maní (Casanare), donde se desarrolló una feria de servicios junto a 15 entidades del SNARIV.
También se instalaron mesas de trabajo con voceros de la comunidad Emberá que se encuentra en Bogotá, para avanzar en el proceso de retorno a los municipios de Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda). Un total de 1.192 integrantes de esta comunidad manifestaron su intención manifiesta de retornar a sus territorios ancestrales.
Bajo la dirección del director Romero, la Unidad para las Víctimas ratifica su compromiso de seguir avanzando en la construcción de paz y justicia restaurativa desde los territorios, en articulación con las comunidades y las entidades del Estado del orden nacional, regional y local.
AA/GL