Los familiares de las 15 víctimas de la masacre y la comunidad del corregimiento El Aro, Antioquia, vivieron dos días de catarsis y reencuentro social. Pero, sobre todo, un duelo personal postergado por 27 años tras la barbarie y el éxodo que sufrió la comunidad.
Luego de una eucaristía en la deteriorada iglesia del alejado caserío enclavado en las montañas de Ituango, los parientes de las personas asesinadas en 1997 se juntaron con un ramillete de flores y encendieron velas, mientras un grupo de habitantes los rodeaba en señal de solidaridad.
Así esperaron el momento de la develación de las placas en memoria de sus víctimas, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las masacres Ituango (El Aro y La Granja) versus Colombia.
Estas placas quedaron instaladas sobre la fachada de la iglesia y, en letras doradas, señalan que el Estado colombiano reconoce que la matanza fue perpetrada por un grupo de autodefensas, entre el 22 y 30 de octubre de 1997, con “apoyo de agentes estatales” y con responsabilidad por “acción y omisión” de integrantes de la fuerza pública.
Fue un momento emotivo y conmovedor para Miryam Lucía Areiza, quien volvió a El Aro después de más de 22 años “para cerrar este ciclo y un duelo que no pude hacer cuando torturaron y mataron a mi padre Marco Aurelio Areiza”. Solo seis meses después sus familiares pudieron llegar a la zona y sacar los restos óseos que sepultó un amigo cuando lo permitieron los homicidas.
Ella recordó que su padre, que tenía 64 años, era un apreciado comerciante y líder comunitario a quien los hombres armados lo sacaron a la fuerza de su tienda tras acusarlo de colaborador de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por su parte, Miladis Restrepo, quien descubrió las placas en las que está escrito el nombre de su hermano Wilmar de Jesús, el adolescente de 14 años y el más joven de los masacrados, calificó de “significativo este acto como parte del reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón del Estado”.
La ceremonia, que estuvo a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la Unidad para las Víctimas, concluyó con un clamor de los dolientes: “que lo que pasó aquí no se repita”.
Catarsis y reencuentro
Los familiares que se desplazaron y ahora viven en otros municipios arribaron en un helicóptero dispuesto por el Gobierno y, otros, a lomo de mula por la única trocha que conduce al centro poblado. Al entrar al caserío observaron con nostalgia su antiguo hogar, al que muchos no volvieron por la violencia.
En la caseta comunal, participaron en los ejercicios psicosociales a cargo de la Unidad para las Víctimas con la estrategia de Diálogos Transformadores para la reconstrucción del sentido comunitario, como medidas de satisfacción y garantías de no repetición de la reparación integral.
Fue un reencuentro social de “paisanos” después de 27 años tras la masacre, la violencia sexual contra mujeres también asesinadas y el posterior incendio de 42 viviendas, saqueo y robo de ganado que causó el desplazamiento de cerca de mil habitantes.
Los amigos de juventud y antiguos vecinos se reconocieron y volvieron a abrazarse y estrechar sus manos, mientras, en medio de la actividad del baúl de los recuerdos, recordaron las mejores épocas de este corregimiento enclavado en las montañas de Ituango. Volvieron a escuchar y bailar música guasca hasta el amanecer del siguiente día, algo que ahora rara vez se hace.
Uno de esos desplazados fue Orlando Antonio Zuleta, hermano de Fabio Antonio, una de las dos primeras víctimas de la masacre que empezó en Puerto Valdivia. Allí relató que eran “campesinos muy trabajadores que honraban la palabra en los negocios y fueron inocentes” y que de esta tierra “sacaban cargas de madera y cosechas de frisoles, plátano y mucho ganado”.
Al rememorar las fiestas de San Isidro, patrono de los jornaleros, al animero del cementerio que asustaba a los niños y las vidas y buenas obras de las personas asesinadas, les rindieron memoria y reivindicaron su buen nombre. Así mismo, reconocieron sus capacidades y resiliencia para sobrevivir después de tanto sufrimiento y daños. También lloraron.
La vía se abre camino
La comunidad también está motivada por el inicio de la construcción de la vía a este corregimiento para garantizar soluciones a las necesidades y el aislamiento socioeconómico.
En una reciente reunión interinstitucional convocada por la Procuraduría, entidades como Empresas Públicas de Medellín, Gobernación de Antioquia, Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte, Corantioquia, Alcaldía de Ituango, y la Unidad para las Víctimas informaron el estado actual de las obras de los primeros 2,9 kilómetros. Además, acordaron los diseños y la contratación de los restantes 5,2 kilómetros.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, destacó “el compromiso y voluntad política” para que la vía proyectada para el año 2026 se concrete y así se pueda saldar una deuda histórica con la comunidad, lo que también representa la dignificación para esta población afectada por el conflicto armado”.
La vía de acceso permitirá la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), el cual también está incluido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resarcir a la población violentada.
Entre tanto, la Unidad para las Víctimas ha cumplido con otras acciones reparadoras este año, como dotaciones mobiliarias y equipos a cinco familias retornadas tras ser desplazadas, las cuales emprendieron proyectos productivos de tiendas de abarrotes, taller de confección, panadería y una barbería.
Por su parte, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, directora de la territorial Antioquia de la Unidad para las Víctimas indicó que, como parte de la estrategia de Soluciones Duraderas “se avanza con la oferta de un plan de retorno de desplazados para que puedan regresar a estas zonas con dignidad, voluntariedad y acompañamiento institucional que garantice la sostenibilidad de este retorno”.
Temas recomendados
Por el momento, el proyecto de la vía avanza con las excavaciones, perfilación de taludes, ahuyentamiento de fauna y registro arqueológico, entre otras labores que han generado 42 empleos directos. Una esperanza para una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el país.
