En el corregimiento de Santafé de Ralito, ubicado en Tierralta, Córdoba, se realizó una jornada de atención integral e interinstitucional para las víctimas del conflicto armado. Se hizo en el marco de la vigésima conmemoración de la firma del acuerdo de Santafé de Ralito, suscrito en julio de 2003, en el que se fijaron metas de desmovilización y los jefes paramilitares se comprometieron a un desarme por etapas hasta 2005.
La Unidad para las Víctimas, mediante su grupo de Atención al Ciudadano, participó en el encuentro brindando orientación a la población y presentando los servicios que presta la entidad en todo el territorio nacional. La jornada fue organizada por la Defensoría del Pueblo y se configuró como un espacio para socializar la ruta y canales de atención para acceder a la ayuda humanitaria, recibir novedades del Registro Único de Víctimas (RUV) y orientación sobre trámites para la indemnización individual.
Fueron más de 250 personas beneficiadas, 80 de estas sobrevivientes del conflicto armado, accedieron a los servicios de medicina general, odontología, farmacología, recreación y deporte, así como al mapa de oferta institucional de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA), la Unidad de Restitución de Tierras y la Gobernación de Córdoba.
Durante el encuentro, la Unidad para las Víctimas promovió la participación para que las víctimas se organicen y así puedan establecer los mecanismos para acceder a las ofertas, rutas de derecho, incidencia en el territorio y visibilizar las acciones que se impulsan desde la comunidad, mientras que la Defensoría del Pueblo tramitó quejas, hizo asesorías, tomó declaraciones a víctimas del conflicto armado, y presentó otros servicios que ofrece a esta población.
En sintonía con uno de los objetivos de la entidad de acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna, el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Córdoba, Marcelo Vega, explicó cómo funciona la ruta prioritaria para otorgar la medida de la indemnización, así como la importancia de actualizar los números telefónicos como requisito primordial para notificar la indemnización debido a que, por este descuido, se han realizado muchas devoluciones que luego implican un proceso de reprogramación.
Las y los asistentes manifestaron que muchos años sintieron el abandono y la ausencia del Estado. “Esta es la segunda jornada de atención que nos convocan y vemos con fe la posibilidad de un mejor futuro”, expresó durante el encuentro Aleida*, víctima de desplazamiento forzado en la zona.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
