Esta semana se realizó en Bogotá, el encuentro de aprendizaje para el grupo de trabajo de Desplazamiento Interno dentro del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) y el Gobierno de Colombia.
Con este espacio se buscaba realizar un intercambio técnico con base en la experiencia colombiana sobre la atención a víctimas que se encuentran en situación de desplazamiento por el conflicto armado, pues Colombia ha sido un país reconocido a nivel internacional por el desarrollo de un sistema de atención y reparación a las víctimas.
Durante el encuentro, la Unidad para las Víctimas presentó el avance en el trabajo con la población en situación de desplazamiento para desarrollar marcos legales y la implementación de la política pública eficiente y apropiada para las situaciones de desplazamiento en el país.
La subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Sonia Londoño, dio un breve contexto de la política pública de víctimas en Colombia, y explicó el trabajo adelantado por le entidad, así como los retos y dificultades que se presentan tanto en la atención a las víctimas de desplazamiento como en el proceso de reparación integral a los más de nueve millones de víctimas que hay en Colombia según el Registro Único de Víctimas (RUV).
“Estamos trabajando con otras entidades para brindarles atención integral a las víctimas. Más allá de la indemnización económica, buscamos garantizar que las víctimas de desplazamiento tengan acceso a otro tipo de garantías como la vivienda, la educación, la salud y la generación de ingresos para salir de su situación de vulnerabilidad y posicionar este tema en la agenda pública del país”, explicó.
En la conversación, las y los delegados de los países invitados compartieron las estrategias que han construido de cara a los desafíos que contiene el desplazamiento; El Salvador, Honduras y México, como integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Interno dentro del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), han avanzado dando pasos en procesos de análisis de los contextos y en la implementación de respuestas nacionales y subnacionales.
Al tiempo, se habló de las lecciones aprendidas, de las oportunidades y los retos como aprendizaje mutuo en el proceso regional con interés por parte de las y los participantes en ser observadores.
Con corte a 30 de septiembre de 2023, Colombia cuenta con 8.530.870 personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, el cual es el hecho victimizante con mayor número de víctimas en el país. Por esta razón, la Unidad para las Víctimas está trabajando para entregarle al país garantías sostenibles en el tiempo como ventanas de oportunidades para mejorar su situación de vulnerabilidad.
A su turno, equipos técnicos de la Unidad para las Víctimas presentaron sus esquemas de trabajo y resolvieron las dudas de los representantes centroamericanos que giraron en torno al funcionamiento o la respuesta de la entidad ante las situaciones más complejas, y también con la financiación de la entidad.
Articulación institucional
Este espacio de intercambio permitió compartir conocimientos sobre aspectos clave de la aplicación de la Ley de Víctimas, incluidos los elementos institucionales, de planificación y programáticos, y de cara a cómo se está trabajando en la articulación institucional para dar una respuesta conjunta por parte del Estado frente a esta situación, tales como:
- Marco de Responsabilidad Nacional; es decir, los componentes clave de una respuesta integral al desplazamiento interno con énfasis en la reglamentación e implementación de marcos normativos para prevención, atención y protección a población desplazada.
- Estructuras de gobernanza y coordinación interinstitucional para la protección, asistencia humanitaria e integración local, centrándose en el papel del punto focal nacional, espacios multisectoriales, instituciones y gobiernos locales.
- Gobernanza multinivel de los desplazamientos internos, con especial atención al papel de la sociedad civil y organismos de control.
- Participación de las personas desplazadas internamente y las comunidades locales como sujetos de derechos, en los procesos de diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas, planes y programas relacionados.
Al final, el objetivo fue presentar la experiencia colombiana, los aciertos, errores y lecciones aprendidas para que sirvan a otros países que atraviesan situaciones similares y puedan implementar una política de atención a víctimas de desplazamiento que sea duradera y sostenible en el tiempo.
En el espacio, desarrollado este martes, participaron, además de la Unidad para las Víctimas, representantes de instituciones oficiales de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, así como equipos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), quienes han sido aliados fundamentales para la comprensión y puesta en marcha de nuevas estrategias que contengan soluciones duraderas para la población víctima desplazada.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
