Dotar con artículos e implementos deportivos a las comunidades que integran los consejos comunitarios; gestionar la puesta en marcha de una emisora comunitaria o la construcción de infraestructura educativa para beneficio de la población, son algunas de las medidas contempladas bajo el ejercicio de concertación liderado por la Unidad para las Víctimas y cuatro Consejos Comunitarios del Valle del Cauca y Chocó y entidades del Gobierno Nacional.
En total son 100 medidas de prevención, protección, asistencia y atención para comunidades negras y afrocolombianas concertadas entre los consejos comunitarios de Yurumanguí, en Valle del Cauca, y Juradó, Soledad y Paimadó, en Chocó, distribuidas de la siguiente manera:
Consejo Comunitario de Yumanguí: 34
Consejo Comunitario Juradó: 32
Consejo Comunitario Paimadó: 17
Consejo Comunitario Soledad: 17
En este sentido, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderado y coordinado por la Unidad para las Víctimas, será el encargado de garantizar que las medidas concertadas sean cumplidas por cada uno de los ministerios, institutos y entidades que asumieron compromisos en el marco de esta jornada.
El representante del Consejo Comunitario de Paimadó, Jaimar Palacios Valdez, expresó: “El balance es positivo. Creemos que vamos con noticias alentadoras para nuestra comunidad, de 17 medidas logramos que se comprometieran las entidades con la mayoría, ahora nos toca es hacerles seguimiento, ojalá los ministerios y las demás entidades nos cumplan”.
Valdez agregó: “El acompañamiento de la Unidad de Víctimas, desde las jornadas que hicimos en la comunidad para las solicitudes de las medidas que hicimos siempre, fue constante. Nos estuvieron guiando, ayudando y eso lo agradecemos”.
Por su parte, la coordinadora de comunidades negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la Unidad para las Víctimas, Diana Garrido, expresó: “Pudimos darle cumplimiento al Auto 005 del 2009 reiterado en acciones del Auto 073 de del 2014 y, por supuesto, cumplir con los procesos de articulación interinstitucional y estrategias para estas comunidades que han sido golpeadas por el desplazamiento forzado”.
Además, enfatizó que: “En este ejercicio se hace en el marco del derecho fundamental a la consulta previa. Los Consejos Comunitarios vinieron desde sus territorios a Bogotá para poder concertar las medidas las cuales beneficiarán a las comunidades y, por supuesto, haremos un ejercicio de seguimiento durante la vigencia 2023-2024 para que estas acciones se lleven a cabo en los territorios”.
Hay que destacar que el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo acompañaron de manera constante el ejercicio de concertación.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
