Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

En la Isla de Providencia y Santa Catalina se cumplió asamblea de consulta previa para el protocolo de participación de comunidades negras

Esta consulta se adelantó con comunidades negras, afros, raizales y palenqueras (NARP) y busca que estas colectividades tengan una agenda étnica en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.

Asamblea de protocolo de participación con comunidades negras en Providencia.

La Unidad para las Víctimas, en el marco de la garantía al derecho fundamental a la consulta previa, realizó en la Isla de Providencia la consulta asociada al protocolo de participación de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras (NARP).

El espacio, se realizó en el sector de Agua Dulce de la isla, contó con la participación de 60 personas pertenecientes del pueblo raizal.

El Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas es el marco que garantiza la participación e incidencia de esta población en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Asimismo, es el mecanismo que garantiza a las víctimas del conflicto armado su intervención real y efectiva en los espacios de participación ciudadana local, regional y nacional.

Según Diana Garrido, coordinadora de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras (NARP) de  la Unidad para las Víctimas, el protocolo de participación para dichas comunidades comprenderá la participación efectiva de las víctimas de estas comunidades y se encuentra en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011, y lo dispuesto en la Resolución 01668 de 2020, por el cual se adopta el protocolo de participación o la que haga sus veces y se entenderá como únicos destinatarios de sus disposiciones las víctimas pertenecientes a las mencionadas comunidades.

La funcionaria agregó que para efectos de dicho protocolo serán consideradas víctimas las establecidas en el mismo decreto ley, el cual define a las comunidades NARP y a sus miembros individualmente considerados que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985 e incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV). Lo anterior, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, y que guarden relación con el conflicto armado interno.  

“Este es un proceso incluyente, un proceso que garantiza encontrar las voces de las víctimas en los mecanismos de participación y que dará la posibilidad a que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tengan una agenda étnica en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas”, agregó Diana Garrido.

Por su parte, Roylie Hawkins, integrante del pueblo raizal, participante del evento e integrante del Espacio Nacional de Consulta previa para las Comunidades NARP, destacó la importancia del espacio toda vez que “muchas de las personas de la comunidad desconocen el tema de víctimas y el tema de la paz. Lo de hoy tiene relevancia porque despejaron dudas y a la vez se empoderan del tema de víctimas en general y sobre todo del tema de participación de las mismas”.

Con esta, ya son 20 asambleas de consulta previa para el protocolo de participación de comunidades NARP, proceso que en la Unidad para las Víctimas viene liderando la Dirección de Asuntos Étnicos, en coordinación con la Dirección de Gestión Interinstitucional y la Subdirección de Participación con el concurso de las direcciones territoriales.

Las 20 asambleas se adelantaron en Huila, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Valle del Cauca, Caquetá, Nariño, Risaralda, Chocó, Putumayo, Magdalena, Boyacá, Caldas, Quindío, La Guajira, Cesar, Cauca, Sucre y San Andrés y Providencia.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.