Antioquia es el departamento más beneficiado durante el 2023 con las medidas de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado a nivel nacional, con una inversión superior a los 305.000 millones de pesos.
Con esta destinación de recursos por parte de la Unidad para las Víctimas se avanzó en la reparación individual, los planes de reparación colectiva que benefician a comunidades campesinas afrocolombianas e indígenas, los planes de retornos y reubicaciones de población desplazada, la atención sicosocial y los proyectos de infraestructura social y comunitaria.
En cuanto a la reparación individual, la directora territorial de la entidad en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, informó que durante este año se pagaron cerca de 25.000 indemnizaciones administrativas y judiciales a las víctimas del departamento, lo que significa un incremento con respecto al año anterior (20.934 indemnizaciones) y una inversión aproximada de 260.000 millones de pesos para transformar las condiciones de vida, sus proyectos y resarcirlos por los hechos victimizantes que tanto los afectaron.
También destacó que “no solo fueron indemnizadas, sino que en algunas jornadas en municipios fueron orientadas con oferta interinstitucional para la adecuada la inversión de estos dineros en vivienda, educación superior, ahorro, pensiones, fortalecimiento o proyectos productivos”.
Gracias a la implementación de los planes de reparación colectiva, más de 10.000 habitantes de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas en Ituango, Granada, San Luis, San Carlos, San Francisco, Yarumal, Betulia, El Bagre y Dabeiba se beneficiaron con los insumos agrícolas, animales (aves y cerdos) y dotaciones mobiliarias y tecnológicas para escuelas, juntas de acción comunal, centros de salud, casas de la cultura, entre otras. También se implementaron acciones de la reparación colectiva de grupos afectados por la violencia, como la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín.
Además, se inició un plan piloto para fortalecer la reparación integral a las víctimas afrocolombianas y campesinas de los corregimientos de Machuca (Segovia), El Aro y La Granja (Ituango). Como resultado, se logró la articulación de entidades para acordar para marzo del próximo año el inicio de la construcción de la anhelada vía de acceso a El Aro, que la comunidad considera una deuda histórica para resarcirlos por los daños de la violencia.
Por otra parte, en los municipios de Yolombó, Urrao, Cáceres, Ituango, Betulia, Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, Argelia y Concordia, donde se implementan planes de retorno y reubicación de desplazados y proyectos con población en alto riesgo, las víctimas de corregimientos y veredas recibieron insumos agropecuarios, mobiliario para centros de integración comunitaria, puestos de salud, escuelas y restaurantes escolares.
Atención a personas desplazadas y emergencias
Las emergencias como desplazamientos forzados y confinamientos masivos de población en los municipios de Frontino, Cáceres, Segovia, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Amalfi, Anorí y Briceño también demandaron este año la atención con ayuda humanitaria en especie (alimentos, artículos para alojamientos, cocina comunitaria e implementos de aseo) y dinero para apoyar la manutención de cerca de 1.800 familias.
Además, con giros económicos de ayuda humanitaria se beneficiaron cerca de 48.000 hogares para mitigar la vulnerabilidad causada por desplazamientos y otros hechos victimizantes en años anteriores.
Y tras varios años residiendo en Medellín en precarias condiciones, 185 familias indígenas Emberá retornaron en marzo de este año desde Medellín al resguardo del Alto Andágueda, Chocó, gracias a un plan de retorno y reubicación concertado con enfoque diferencial étnico.
Asimismo, se concluyó este año la implementación de los planes de retorno en veredas y corregimientos de La Clarita (municipio de Carolina del Príncipe), San Juan (San Roque y La Florida (Carmen de Viboral).
La coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) es otra de las funciones que se fortaleció este año. Con las alcaldías y algunas de las más de 50 entidades nacionales y regionales se gestionó la oferta interinstitucional en temas de interés para esta población como vivienda, proyectos productivos, ahorro, educación superior, pensiones, salud, apoyo a emprendimientos, empleo, atención sicosocial.
Del mismo modo,la Unidad para las Víctimas tramitó ante el Ejército Nacional miles de libretas militares gratuitas para los jóvenes que sufrieron el conflicto armado en Antioquia para la exención del servicio militar como medida de reparación.
Para el acceso a la educación superior se implementaron convenios y cartas de entendimiento con 29 instituciones educativas que ofrecen becas y descuentos en pregrados, posgrados y otros beneficios.
Una de las apuestas más importantes este año en Antioquia fue el lanzamiento de la campaña contra la corrupción y el fraude, que promueve la gratuidad de los trámites ante la entidad y que no necesitan intermediarios ni tramitadores para acceder a las medidas de atención y reparación. También se instó a denunciar estos casos, lo que ha permitido evitar estafas contra la población afectada por el conflicto armado.
Según la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, a las acciones misionales se suman la presencia de la entidad en eventos interinstitucionales y misiones humanitarias en las zonas apartadas más afectadas por la violencia para “acercar la oferta institucional, que pretende la superación de la vulnerabilidad causada por la violencia y hacer pedagogía del acuerdo de paz”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
