La reparación y dignificación a las víctimas del conflicto armado es uno de los principales legados que quiere dejar el Gobierno del Cambio. Por esa razón, durante estos dos años de mandato se ha trabajado de manera incansable por saldar la deuda histórica y convertir a Colombia en un ejemplo de lo que es poner a las víctimas en el centro. Esto se ha logrado mediante una mayor asignación de recursos y la implementación de acciones destinadas a superar su situación de vulnerabilidad.
Como mencionó la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, este trabajo se ha basado en la escucha activa de los reclamos que durante años han hecho las víctimas, que a la fecha suman casi diez millones de personas según el Registro Único de Víctimas. En consecuencia, los esfuerzos se han centrado en la búsqueda de soluciones duraderas para quienes han sufrido el desplazamiento forzado. El objetivo es lograr que, mediante transformaciones estructurales en los territorios, se pueda mejorar las condiciones de vida de esta población.
“También hemos avanzado con la necesidad de que los retornos se den en condiciones dignas. Estamos trabajando en varios procesos como con los pueblos étnicos, quienes en toda la historia han sido los más afectados por el conflicto armado. Ya era el momento de que se levantara la dignidad de estas comunidades en el país”, manifestó Solano.
El notable avance en la reparación individual, con más de 330,542 víctimas indemnizadas gracias a una inversión superior a los 2.8 billones de pesos, es otro de los logros destacados. Lo anterior, representa un aumento de más del 70% respecto a la vigencia anterior, y el 49% de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que son 600.000 víctimas indemnizadas.
Además, este Gobierno ha incluido a 125 Sujetos Colectivos en el Registro Único de Víctimas, permitiéndoles acceder a los derechos a la reparación de los daños que sufrieron como comunidad durante el conflicto armado, así como la indemnización colectiva de 44 Sujetos Étnicos por un valor cercano a los 22.000 millones de pesos.
Al respecto, la directora Solano admitió que avanzar con la reparación colectiva es uno de los desafíos más importantes para los próximos dos años, pues es imperativo reducir los rezagos en esta área y responder así al llamado de las comunidades que claman por su reparación integral.
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“Desde la Unidad para las Víctimas nos empeñaremos en trabajar sin descanso para dejar una marca en la historia de lo que significó que este Gobierno pusiera a las víctimas en un lugar de suma importancia y que su legado sea la reparación y la dignificación”, concluyó.
Cabe resaltar que otros de los avances más importantes en estos 24 meses de Gobierno han sido: la recuperación del Fondo para la Reparación (FRV) para cumplirle a las víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz con la indemnización judicial a más de 12.000 víctimas, el fortalecimiento de la participación de las víctimas y sus organizaciones, la atención a los confinamientos y el avance en la reglamentación de los Decretos Ley Étnicos para ajustar la atención y la reparación a las necesidades de estos pueblos.