Zulma Morales tenía 14 años cuando paramilitares del Bloque Central Bolívar llegaron a la vereda El Salado en Riosucio, Caldas, agruparon a un grupo de 200 personas en el parque principal y comenzaron a llamarlos por lista. La orden era clara: tenían 24 horas para abandonar sus hogares, de lo contrario, los asesinaban.
“Ese día que llegaron recuerdo que tenía ocho meses de embarazo, me apuntaron con sus armas. De no ser por una señora, me habrían matado a mí y a mi hija”, relató Zulma, quien después de ese aviso tuvo que desplazarse a Pereira, capital de Risaralda, junto a su familia.
La historia de Zulma no es distinta a la de decenas de habitantes de la vereda El Salado. Su relato fue respaldado por el de la mayora y médica tradicional Aurora Mutato. En 2002, Aurora era partera en las veredas de Riosucio pero su labor se vio interrumpida cuando el Bloque 47 de las FARC la amenazó y le prohibió seguir practicando la medicina ancestral y el parterismo en su territorio.
La guerra cobijó de miedo a Zulma, Aurora y al resto de personas que conforman las 54 comunidades del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Sin embargo, después de décadas de cargar el dolor de la violencia, en algo coincide la población: la reparación es posible.
La reparación de este resguardo hace parte de la priorización que tiene Riosucio por las afectaciones colectivas que sufrió en el marco del conflicto armado. Por ello, la Unidad para las Víctimas reunió a comunidades e instituciones para iniciar la fase de alistamiento y reconoció, a través de un ejercicio de memoria, que se registraron hechos victimizantes sistemáticos para someter a la población.
“La reparación colectiva es la posibilidad de que las comunidades puedan transitar a escenarios de no repetición. Esta fase de alistamiento institucional busca que las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV), asuman un papel protagónico en los escenarios de diálogo”, detalló Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad en el Eje Cafetero.
La directiva agregó que las comunidades indígenas del resguardo no solo sufrieron graves afectaciones individuales, sino también colectivas. “Estos hechos afectaron gravemente sus procesos de armonización y territoriales, por lo que este espacio nos va a permitir construir un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) que entienda toda la violencia que atravesó el territorio”, apuntó
La jornada de trabajo comunitario, que se realizó el 26 y 27 de mayo, inició con un proceso de armonización liderado por la comunidad indígena, con el objetivo de crear un espacio de confianza en el que las víctimas y las instituciones pudieran acordar una ruta de trabajo conjunta. La actividad, encabezada por la Unidad para las Víctimas, contó además con el apoyo de la Gobernación de Caldas, la Personería, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de establecer acuerdos que contribuyan a la reconstrucción del tejido social de esta comunidad.
Esta fase permite garantizar una correcta caracterización del daño y formular un PIRC que satisfaga las necesidades de la comunidad. La mayora Aurora, quien tiene 67 años de edad, anhela que esa fase llegue pronto y destacó que este proceso incluya a toda su comunidad.
“Esta reparación no solo es para nosotros los ancianos, es especialmente para las nuevas generaciones, para que entiendan que en Caldas la violencia estuvo y que hoy continúa, solo que ya tenemos unas herramientas que nos permiten luchar por nuestros derechos”, comentó.
Temas recomendados
A la fecha, la Unidad para las Víctimas adelanta cuatro procesos de reparación colectiva en Riosucio. Los resguardos Escopetera, San Lorenzo y Cañamomo Lomaprieta se encuentran en fase de implementación y han beneficiado a más de 2.000 víctimas, con mejoras en infraestructura, prevención de reclutamiento en niños, niñas y adolescentes, y el fortalecimiento y reconocimiento de sus tradiciones ancestrales. Se espera que este año finalice la fase de caracterización del daño en el resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
La entidad reafirma su compromiso con las poblaciones étnicas del Eje Cafetero y sigue avanzando en la construcción de paz desde un enfoque diferencial, que busca reconocer que historias como las de Zulma y Aurora, dejaron grandes fracturas en la sociedad y es labor de las instituciones reconstruir el tejido social de cada víctima y cada territorio.
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