En la más reciente visita de seguimiento a los compromisos interinstitucionales en el marco del retorno de las familias Emberá que salieron del Parque Nacional de Bogotá en septiembre de 2024 a los resguardos Gito Dokabú y Unificado Chamí en Risaralda, la Unidad para las Víctimas atendió a más de 2.300 personas.
Durante la atención al pueblo indígena Emberá se llevaron a cabo jornadas de caracterización para la medición de carencias, donde se hizo un diagnóstico integral que incluyó la valoración de aspectos como salud, educación, seguridad alimentaria y condiciones de vivienda. Esto permite a las autoridades identificar las necesidades específicas de cada comunidad y coordinar esfuerzos con otras entidades para atenderlas de manera integral.
Adelina Nengarabe, miembro de la comunidad Dokabú del Resguardo Gito Dokabú y retornada del Parque Nacional de Bogotá el pasado 7 de septiembre expresó: “Nosotros estamos contentos aquí en el territorio. Allá estábamos sufriendo, es mejor estar en el campo. Queremos que sigan apoyando el retorno, es muy difícil estar en la ciudad. Lo que queremos es mejorar nuestras viviendas. Han llegado las ayudas y el mercado, estamos bien”.
Uno de los principales compromisos de la Unidad para las Víctimas con las 361 familias que retornaron a su territorio es que las visitas de las entidades continúen para garantizar que las ayudas acordadas mejoren su calidad de vida y sean sostenibles en el tiempo. Es por esto que, el Gobierno nacional ha proporcionado ayudas humanitarias y económicas, así como herramientas para el trabajo agrícola. Sin embargo, la preocupación principal de la comunidad radica en la necesidad de viviendas dignas.

La jornada inició en la escuela intercultural Dokabú de la vereda Agüita, donde más de 2.000 personas fueron atendidas por el equipo de la Subdirección de Reparación Individual para actualizar sus datos de contacto, entregar su documentación y solicitar la medida de indemnización administrativa.
Paralelamente un equipo de la Unidad para las Víctimas en compañía del Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Bogotá recorrieron las comunidades para conocer de primera mano sus condiciones de vida. Gracias a esto, la atención se extendió a la comunidad de Guayabal, del Resguardo Indígena Emberá Katio, donde se atendieron cerca de 220 personas. Asimismo, en la vereda Chifa del Resguardo Gito Dokabú se evaluaron las condiciones de vida de 50 personas.
Por su parte, el equipo móvil de la Unidad para las Víctimas también visitó la comunidad Las Torres donde se verificaron los avances en la entrega de ayudas alimentarias y económicas, así como el estado de las viviendas y de los cultivos. En el mismo sentido, en la comunidad Bajo Gito del Resguardo Dokabú se constató la situación de vida de las familias, y en la comunidad Dokabú se atendieron 60 de las 300 personas que la conforman.
Finalmente, se realizó una visita al Resguardo Unificado Emberá Chamí para verificar el avance en los compromisos pactados por el Gobierno desde septiembre. La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con estas comunidades y continúa trabajando para garantizar su bienestar y desarrollo.
Para asegurar una calidad de vida digna de los indígenas retornados en los territorios, las entidades que han trabajado en la región se han comprometido a evaluar y hacer seguimiento a las necesidades identificadas. Entre las prioridades se destacan el mejoramiento de vivienda, la implementación de proyectos productivos y el desarrollo de estrategias que faciliten un mejor acceso a servicios de salud.
Temas recomendados
Además, se anticipa que a mediados de diciembre las comunidades recibirán la segunda entrega de ayuda humanitaria, la cual incluirá apoyo alimentario y asistencia económica proveniente de subsidios. Este esfuerzo busca fortalecer el bienestar de las comunidades y contribuir a su estabilidad y desarrollo sostenible.
Las entidades que asistieron a este ejercicio de verificación de avances de las familias retornadas, liderado por la Unidad para las Víctimas, fueron los ministerios de Vivienda, Salud y Agricultura; el Departamento de Prosperidad Social y las alcaldías de Bagadó y Bogotá