Lilia Solano Directora General Unidad para las Víctimas
El asunto sigue preocupando a gobiernos, investigadores, medios, actores políticos, sociales, empresariales, culturales y sociedad en general. Es ya sabido que la información circula con velocidades aún más altas en las redes sociales. Todo esto da fe de un tráfico creciente de noticias falsas, de teorías conspirativas, información no veraz que circula y engaña a las víctimas.
Se debe precisar que el concepto de desinformación es amplio, es posible que se hable de la circulación de una información que es errónea. La desinformación también alude a aquella noticia, análisis o comentario que de manera intencional distorsiona los datos, oculta algunos y hasta inventa otros con el fin de aportar un relato fraudulento de una situación determinada.
En cualquier caso, la ola de información falsa que circula en este tiempo apunta a que es posible que estemos ante una etapa más avanzada del clima de posverdad que, en las primeras décadas del presente siglo, generó toda una cultura de la desconfianza. Esto es, ya no estamos ante la desinformación que producen personas o colectivos que buscan generar descontentos generalizados. Es muy probable que, a estas alturas, la información falsa se haya convertido en un instrumento de incidencia política que busca desorientar a la ciudadanía, y de la cual se valen actores políticos para crean tendencias que inciden en las dinámicas sociales de individuos, comunidades y asociaciones.
Frente a la desinformación: corroboración de datos
El pasado 11 de febrero, salí a los medios a refutar las informaciones falsas del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que el Gobierno Nacional se había desentendido de los compromisos aún vigentes que tenemos con la comunidad Emberá en la fase 3 de su retorno a Risaralda y Chocó. Frente a la desinformación que da el alcalde, la respuesta sigue siendo la verificación de los datos. Las dinámicas de información hoy en boga tienden a hacer a un lado los datos corroborables que son los que le aportan veracidad a un relato. Esta situación lamentable le ha restado seriedad al debate público.
Al contrario de lo que él sostiene, el retorno de la comunidad Emberá, sigue el dialogo acordado con ella a través de sus autoridades y su organización interna. Tal como lo aclaré en mi respuesta en los medios de comunicación, un obstáculo que aún persiste, proviene de la falta de concreción por parte del Distrito Capital, de los planes de integración de la comunidad Emberá a la sociedad bogotana que, en número reducido, optaron por permanecer en la ciudad.
En este caso, desde la Unidad para las Víctimas enfatizamos la diligencia con la que hemos venido implementando planes como el retorno de esa comunidad a sus territorios, pues exigen la participación de diversas entidades a todo nivel: nacional, territorial, distrital.
Además, la participación activa de la comunidad en las deliberaciones, la toma de decisiones y la ejecución es imprescindible. El Gobierno Nacional, desde la Unidad para las Víctimas, no concibe que la restitución de un derecho como el del retorno se realice sin la participación directa de la comunidad, que asume acentos de mayor claridad cuando sus sujetos son comunidades de larga historia en el territorio.
También tenemos otros temas, sobre los que se lanzan afirmaciones no ciertas que se diseminan por canales de WhatsApp con sus consabidos resultados. Hemos desmentido, en nota de prensa, la afirmación según la cual se había nombrado a Lidy Ibeth Ramírez Palencia en la Dirección Territorial Córdoba. Esa información es falsa.
Otra falsa información que sigue circulando tiene que ver con el nombramiento de Edwin Erazo, quien fue recomendado en diciembre del 2024 y en cuanto se dieron cuestionamientos, solo estuvo un día en el cargo, sin embargo siguen circulando mensajes que dicen que es el director y es información falsa.
La información en la defensa de la democracia
La defensa de la democracia, su revigorización y su promoción exigen que las entidades estatales a diferentes niveles, así como los medios, las organizaciones sociales, los partidos políticos y la población en general cuenten con información debidamente sustentada que les permita plantear un diálogo sólido y veraz. De ahí la necesidad de salirle al paso a la desinformación y aportar los datos que aclaren el ambiente que tal tipo de declaraciones busca y crea malestar en las comunidades.
La responsabilidad de ofrecer información veraz sostenida en datos corroborables es de todos y todas como actores en la construcción de una sociedad fundada en principios de justicia y equidad. Allí donde se hace imperativa la rectificación, como en este caso, nos corresponde aportar una refutación. Ni en el Gobierno Nacional ni en la Unidad para las Víctimas dudamos que los actores sociales y políticos que intervienen en las conversaciones y los debates estén motivados por intereses que buscan el bienestar de las comunidades. Por lo tanto, hago un llamado a que se cultive la práctica del discurso sustentado y la
apertura a la rectificación, pues suele darse que la noticia fraudulenta se multiplica en el imaginario colectivo más que la verdadera.
