La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de su Dirección Territorial Cesar – La Guajira, informa a la opinión pública sobre un nuevo caso de intento de fraude en el que personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad, ofrecen supuestas ayudas económicas a cambio de pagos anticipados.
En el caso más reciente, un ciudadano fue contactado telefónicamente y le informaron que tenía derecho a una ayuda por valor de $1.800.000, pero que para recibirla debía consignar $500.000 y reclamarla en una dirección en Bogotá. Caso que ya fue puesto en conocimiento ante las autoridades competentes.
Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas hace un llamado a la comunidad para que esté alerta, recordando que la Entidad no solicita pagos, consignaciones ni transferencias para acceder a programas, beneficios o ayudas.
Asimismo, se invita a las víctimas y a la ciudadanía en general a no entregar información personal, financiera o documentos a terceros no autorizados, y a verificar cualquier comunicación directamente con las líneas oficiales de atención.
En caso de recibir llamadas, mensajes o correos sospechosos, se recomienda:
- No realizar ningún tipo de pago ni consignación.
- Reportar el hecho a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación.
- Informar de inmediato a la Unidad para las Víctimas a través de sus canales oficiales.
- Reportar casos de presuntos fraudes o estafas a través de:
📞 Línea nacional gratuita: 01 8000 911119
📧 Correo: grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co
Justamente, la entidad implementa la estrategia antifraude “Yo tramito sin tramitadores”, una campaña diseñada especialmente para informar y empoderar a las víctimas del conflicto armado, ayudándolas a prevenir engaños y estafas relacionadas con trámites que pueden realizar de manera gratuita y autónoma ante la Unidad para las Víctimas.
Temas recomendados
La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso con la transparencia, la protección de los derechos de las víctimas y el trabajo articulado con las autoridades para prevenir y sancionar este tipo de delitos que atentan contra la dignidad de las víctimas del conflicto armado.
La reparación es un derecho, no un negocio.
CJH/VR/MAP