Durante el acto simbólico realizado en la plaza de Bolívar de Bogotá el pasado 9 de abril, Día de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas del Conflicto Armado, la Unidad para las Víctimas anunció que durante el mes de abril se entregarían 32.000 indemnizaciones a víctimas mayores de 68 años, con discapacidad y con enfermedades ruinosas, catastróficas o de alto costo.
Durante el mes de abril, se superó la meta y en total se entregaron 35.975 indemnizaciones con un aporte de 384.000 millones de pesos, como parte de la compensación económica que entrega el Estado colombiano por los daños ocasionados durante el conflicto armado, de las cuales 99,2% son víctimas de la ruta priorizada, es decir, 35.692 indemnizaciones.
“Con este plan de aceleración estamos llegando a todos los rincones del país con la entrega de esta medida, sobre todo en aquellos municipios que han sufrido una alta afectación por el conflicto armado. Se destacan las indemnizaciones otorgadas en Medellín con 1.825 notificaciones; Bogotá con 1.233, y Cali con 808, comprendiendo la importancia de este recurso para las víctimas y lo que aporta a sus proyectos de vida”, indicó la directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas, Sandra Viviana Alfaro Yara.
De este universo de indemnizaciones entregadas a víctimas, 27.081 fueron otorgadas a mayores de 68 años, 1.971 personas con enfermedades catastróficas, ruinosas o de alto costo, 6.270 a personas con discapacidad y 370 indemnizaciones a personas que tienen más de un criterio de priorización; siendo estas poblaciones con ciertas características de vulnerabilidad a las que la Unidad le apuesta acelerar la entrega de esta medida.
También se entregaron 12 indemnizaciones a víctimas que viven en el exterior por un valor superior a los 245 millones de pesos. La población con pertenencia étnica también accedió a esta medida; 1.886 indemnizaciones fueron destinados a víctimas indígenas, 5.341 a negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y 23 integrantes del pueblo Rrom o gitano.
El Gobierno del Cambio tiene como prioridad la política pública de víctimas y ha puesto el acelerador para saldar la deuda con ellas. Muestra de ello son los 4,4 billones de pesos que se destinaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para indemnizar a 600.000 víctimas en el cuatrienio, el cual cuenta con un avance del 33% de cumplimiento. Se trata del presupuesto más alto en la historia para reducir los tiempos de espera de quienes padecieron el conflicto armado.
Con la implementación de las estrategias de reparación integral, y que incluyen las cinco medidas (indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, restitución y rehabilitación), la Unidad para las Víctimas seguirá avanzando en los procesos que aporten a los proyectos de vida de las y los sobrevivientes del conflicto armado.
