Compromiso y articulación interinstitucional para fortalecer la ruta y mecanismos de atención a los sobrevivientes del conflicto armado, fueron las conclusiones de la reunión que sostuvieron los mandatarios electos del departamento de Arauca con los representantes del sector de inclusión social, con apoyo de la Unidad para las Víctimas.
La directora de la Unidad en Norte de Santander y Arauca, Alicia María Rojas Pérez, destacó el interés del gobernador y alcaldes electos del departamento de Arauca por garantizar la asistencia en la implementación de la ley 1448 a los sobrevivientes del conflicto armado en esta región del país.
“Para nosotros como entidad es satisfactorio que los nuevos mandatarios asuman desde ya ese compromiso de articulación con la política pública de víctimas. Además, resaltamos la posición que las nuevas gestoras sociales de este departamento tienen para vincularse desde sus acciones en la ruta de atención a los sobrevivientes del conflicto armado, es gratificante, conocer el interés y empoderamiento que tienen para apropiarse del tema de víctimas”, dijo la funcionaria.
En este primer acercamiento se abordaron varias temáticas, entre ellas, las acciones que deben quedar plasmadas en el plan de desarrollo 2020-2023, respecto a la implementación de la ley de víctimas y el goce efectivo de los derechos de los sobrevivientes del conflicto armado.
El encuentro permitió aclarar dudas e inquietudes de los nuevos mandatarios y los mecanismos para afianzar el sistema integral de atención a las víctimas desde los aspectos social y legal.
“Desde ya, estamos articulando con la Unidad para las Víctimas para la implementación de políticas en nuestro departamento, desarrollaremos los trabajos con las nuevas gestoras sociales, estamos comprometidas para mejorar y dignificar las condiciones de vida de esta población”, dijo Raquel Parales, gestora social del departamento de Arauca para el periodo 2020-2023.
El sector de la inclusión social está conformado por el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo fin, es requerir acciones ante las entidades territoriales y la institucionalidad en pro de los programas que beneficien a las comunidades vulnerables.
(FIN/CEG/LMY)
