El confinamiento es un hecho victimizante que afecta a numerosas comunidades en Colombia, forzándolas a permanecer en sus hogares debido a la presencia y amenazas de grupos armados ilegales. Este fenómeno limita su acceso a alimentos, medicinas y otros recursos esenciales, generando una crisis humanitaria que demanda atención urgente.
En estos casos, la Unidad para las Víctimas, a través de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE), brinda asistencia humanitaria inmediata cuando las comunidades se encuentran confinadas. Esto incluye a comunidades afrodescendientes en Sipí, Chocó; campesinas en Puerto Caicedo, Putumayo e indígenas Koguis y Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona rural de Riohacha, La Guajira, respectivamente.
Para las comunidades ya incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por confinamiento, o que ya no se encuentran confinadas, pero tienen afectaciones derivadas por este hecho victimizante, como ocurre en La Vega (Cauca), Dabeiba (Antioquia) y en Tame (Arauca), procede la medida de asistencia humanitaria de emergencia o por afectación, que está a cargo de la Unidad para las Víctimas, a través de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria (SAAH).
En Cauca
En el corregimiento de Santa Juana, municipio de La Vega, la Unidad para las Víctimas entregó kits de alimentación y aseo a 57 familias víctimas del conflicto armado. Esta ayuda se proporcionó en respuesta a hechos victimizantes asociados al confinamiento y otros hechos de violencia. En Argelia la Unidad entregó ocho toneladas de ayuda humanitaria inmediata, que consisten en 177 kits de alimentos y aseo, para atender el confinamiento que afecta a cientos de familias en el municipio.
En Antioquia
En la zona selvática de Dabeiba, la Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria a 70 familias indígenas del resguardo Amparradó Alto. Esta asistencia garantiza la manutención de la comunidad Emberá, afectada también por desplazamientos y accidentes con minas antipersonal. Desde 2019, más de mil indígenas de siete comunidades han recibido ayuda humanitaria durante el confinamiento por la violencia.
En Arauca
En Tame, la Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria inmediata en especie a 418 familias de la vereda La Arabia. Los kits de alimentación y aseo se distribuyeron para atender la emergencia generada por el confinamiento provocado por una incursión armada ocurrida el 31 de marzo de 2024. La Unidad continuará entregando ayudas humanitarias en Tame, beneficiando a 3.068 personas de 846 hogares en 18 comunidades, 12 de ellas campesinas y 6 étnicas.
En Chocó
La Unidad para las Víctimas llegó a las comunidades afrodescendientes de Tigre y Juntas del Tamaná, en Sipí, para entregar 163 ayudas humanitarias de emergencia y atender la situación de confinamiento que enfrentan estas comunidades.
En Putumayo
En colaboración con la Alcaldía de Puerto Caicedo, la Unidad para las Víctimas entregó 171 ayudas humanitarias a las comunidades de La Floresta, Alto Coqueto, Alpes Orientales, Cabildo Selva Hermosa y Cristalina Bello Horizonte. Las ayudas, que consisten en kits de alimentos y aseo tipo A, valorados en 105 millones de pesos, se distribuyeron para garantizar la atención integral a las víctimas.
En la Sierra Nevada de Santa Marta
La Unidad para las Víctimas entregó 200 ayudas humanitarias a la población indígena Kowi, Además, en colaboración con la Alcaldía de Riohacha y el Ejército Nacional, se trasladaron kits de aseo y cocina, junto con alimentos no perecederos, para atender las necesidades básicas de 332 familias Wiwa víctimas del conflicto armado, que se encuentran confinadas en Guamaca, La Mukwura y La Laguna, en la zona rural de Riohacha, La Guajira.
Temas recomendados
¿Qué sigue?
La distribución de ayuda humanitaria por inmediatez y/o por afectaciones a estas comunidades no solo mitiga las carencias inmediatas, sino que también fortalece el vínculo de confianza entre las instituciones y las víctimas del conflicto armado. Estos esfuerzos son un paso vital hacia la reconstrucción del tejido social y el bienestar de las comunidades afectadas, reafirmando el compromiso del Estado en la protección y asistencia a las víctimas del conflicto armado en Colombia.