La Unidad para las Víctimas lideró la jornada de reparación integral más grande de los últimos años en Ituango, Antioquia, donde llegaron 213 víctimas del conflicto armado después de horas de camino en mula y chiva (bus escalera), desde alejadas veredas para ser notificados de sus indemnizaciones económicas por $2.241 millones.
En este evento, el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero, se refirió al compromiso que ha asumido el gobierno del Presidente Gustavo Petro, frente al acompañamiento y reparación de los sobrevivientes del conflicto “queremos decirles a las víctimas del conflicto armado, en especial de esta región tan golpeada por la violencia, que el Estado colombiano se hace presente y no los ha olvidado”.
Ramón Gerardo Posada fue uno de ellos, viajó durante un día en mula y chiva junto a otros campesinos desde el corregimiento El Aro, el alejado caserío enclavado en las montañas del norte de Antioquia, donde hace casi 28 años un grupo paramilitar perpetró una de las más cruentas masacres en Colombia.
En esa incursión de varios días fueron asesinadas 15 personas, luego incendiaron 42 viviendas, saquearon tiendas y robaron ganado, lo que causó el desplazamiento de cerca de 600 habitantes.
Por eso, al momento de escuchar su nombre y recibir la carta de indemnización económica de manos del director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón sintió que con él se cumplió “un acto de justicia”. “Esta indemnización significa un reconocimiento del Estado por la resistencia que tuve para aguantar tantas circunstancias difíciles, hasta llegar a este día tan esperado”, afirmó con satisfacción.
Sobre ese episodio de violencia ocurrido en la última semana de octubre de 1997, que marcó ese territorio, recordó que “yo tenía cabezas de ganado, un negocio y casa, pero todo eso se perdió porque los mismos que llegaron a masacrar se lo robaron y los inocentes tuvimos que correr. Lo que más me dolió fue tanta gente inocente que murió en esa barbarie”.
Ahora, a sus 75 años, planea invertir el dinero para “amortiguar el cansancio de mi vejez, porque toda mi vida fue trabajar en el campo desde mi niñez, ahora esto me sirve para los cultivos”.
La mayoría de las personas indemnizadas recibieron esta medida de reparación individual por el desarraigo y las pérdidas tras sufrir desplazamientos forzados y el despojo de tierras. Y otros porque sus familiares fueron asesinados o desaparecidos o ellos mismos sobrevivieron a secuestros, torturas y hasta delitos sexuales.
En la jornada, el minuto de silencio con el que se honraba la memoria de las víctimas, se mezcló con el sonido alegre de la chirimía y la destreza del grupo de danzas del municipio. Otro momento emotivo llegó con el acto simbólico y de memoria, en el que las víctimas plasmaron en una bitácora sus mensajes de resiliencia ante la violencia, a sus familiares “ausentes, pero no olvidados” y el clamor para que “se acabe la violencia”.
Además, con las indemnizaciones para las nueve víctimas de El Aro se avanza en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre, que ordenó al Estado colombiano implementar medidas de reparación integral.
Con la entrega de las 213 indemnizaciones económicas, se superan los 4.500 pagos a víctimas y una inversión total superior a los $60.000 millones en las medidas de atención y reparación por parte de la entidad en Ituango (2012-2025).
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Tras el acto de reparación y dignificación en el que fueron protagonistas, Ramón Gerardo y sus paisanos emprendieron el largo viaje de regreso al corregimiento El Aro, para seguir resistiendo y construyendo sus proyectos de vida. “Esa es la tierra natal mía. La tierra que yo prefiero porque la trabajé sin descanso toda mi vida”.