Logros de la inclusión social y la reconciliación: Prosperidad Social lidera rendición de cuentas sectorial

El 1 de noviembre, Cúcuta será escenario de la audiencia pública de rendición de cuentas del sector de Inclusión Social y Reconciliación, con participación de Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Prosperidad Social, como entidad líder del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, invita a la ciudadanía a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial que se llevará a cabo este 1 de noviembre, en Cúcuta, Norte de Santander (Plaza de Banderas Estadio General Santander), a las 9 de la mañana.

Este espacio contará con la presencia de los directores de las tres entidades que conforman el sector: Prosperidad Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El objetivo principal es informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión del sector durante la vigencia 2024 y el primer semestre de 2025. La jornada promueve la transparencia institucional, la participación activa de la ciudadanía y el fortalecimiento del control social, involucrando a beneficiarios, organizaciones sociales, funcionarios, sindicatos, organismos de control y demás actores interesados.

La rendición de cuentas sectorial es un ejercicio de responsabilidad institucional y un mandato legal establecido en el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015: a través del diálogo y la escucha activa, se busca construir una gestión pública más cercana, transparente y comprometida con la transformación social.

Este tipo de ejercicios también permiten visibilizar cómo las entidades del sector trabajan de manera articulada para garantizar derechos, cerrar brechas sociales y avanzar en la reconciliación nacional.

La rendición de cuentas es una herramienta fundamental para que los ciudadanos conozcan cómo se están invirtiendo los recursos públicos, qué resultados se han logrado y qué retos persisten en materia de atención a las poblaciones más vulnerables. Así mismo, fortalece el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, al permitir que las voces del territorio sean escuchadas y tenidas en cuenta, para la mejora continua de las políticas públicas.