La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informa a la opinión pública que, gracias a la gestión judicial adelantada por la Oficina Asesora Jurídica, se ha obtenido un importante logro en materia de defensa institucional y protección de recursos públicos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con función de conocimiento de Quibdó, Chocó, profirió sentencia condenatoria contra los ciudadanos Terry Steveanson Moreno Mosquera y Doraida del Carmen Arrieta Vellojín, quienes fueron hallados responsables de la apropiación ilícita de recursos públicos asignados a la reparación administrativa de víctimas del conflicto armado.
En el marco del proceso penal, la Oficina Asesora Jurídica actuó como apoderada de la Entidad, logrando el reconocimiento formal de la Unidad para las Víctimas como víctima institucional. Esta gestión procesal permitió no solo la imposición de sanciones penales y patrimoniales a los responsables, sino también la recuperación parcial de los recursos apropiados y la garantía del saldo restante mediante instrumentos jurídicos de respaldo.
Esta sentencia constituye un precedente jurídico de alta relevancia institucional, que reafirma el deber de las entidades estatales de ejercer acciones judiciales oportunas ante conductas delictivas que afecten el erario público y comprometan la integridad de los sistemas de justicia transicional y reparación integral a las víctimas.
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La participación activa de la Unidad para las Víctimas como víctima institucional en este proceso refuerza la legitimidad de sus actuaciones y contribuye a la defensa del interés general, en cumplimiento de su misión institucional y de los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad en la administración de recursos públicos destinados a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Con esta acción judicial, la Unidad para las Víctimas obtiene un fallo histórico que condena a dos personas por apropiación ilícita de recursos destinados a reparar a las víctimas.
