Conozca a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y el trabajo que han realizado en su territorio en favor de esta población, para el resarcimiento de sus derechos y la reparación integral.
La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas fue elegida el pasado mes de diciembre de 2023 y quedó conformada por 64 delegados y delegadas, que incluye representación por todos los hechos victimizantes, enfoques diferenciales, sujetos de reparación colectiva, étnicos, víctimas en el exterior y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (ODV).
En esa misma elección fueron escogidos los seis integrantes, que, con la Coordinadora de la Mesa Nacional de Participación, Eucaris Salas Salas, conforman el Comité Ejecutivo de esta Mesa, la cual tiene como principales funciones:
Formular propuestas para el fortalecimiento de la Mesa de Participación
Realizar seguimiento a la participación y representación de los delegados de la Mesa en otros espacios de participación
Hacer seguimiento a los compromisos que resulten del desarrollo de los plenarios y gestionar su cumplimiento
Realizar seguimiento permanente a los Planes de Acción Territorial departamentales, municipales y distritales.
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Mesa
Como activista de los sectores sociales LGBTI desde hace 7 años ha liderado procesos en la defensa de los derechos humanos, pero su lucha ha incluido a otras poblaciones vulnerables como jóvenes, mujeres, niños, personas mayores y personas en condición de discapacidad. Hoy es la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación, en un segundo periodo. En este rol ha aportado al Plan Nacional de Desarrollo, reforma a la Ley 1448 y ajustes al Protocolo de Participación, interlocución con alcaldes y gobernadores para apoyar a las mesas de participación
Desde la Asociación de Mujeres Víctimas del Vichada y de las mesas de participación municipales y la departamental trabaja alrededor de proyectos productivos, a través de su coordinación constante con alcaldes y el gobernador de un departamento al que considera muy olvidado desde el nivel central. Los 62 proyectos por 1.700 millones de pesos (alrededor de 20 millones por proyecto) se relacionan, especialmente con tiendas de barrio, café internet, gallinas ponedoras y talleres de modistería, entre otros, de los que se han beneficiado por lo menos cien mujeres. Hace incidencia en los planes de acción territorial, para que se asigne un porcentaje del presupuesto a las víctimas y en los programas relacionados con vivienda, prevención, protección, medidas de satisfacción. Ahora trabaja para llevar ayuda de cooperación internacional y otras entidades gubernamentales a su territorio.
Ella es una lideresa social, activista de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado y los hijos e hijas nacidos bajo el hecho. Su trabajo se centra en visibilizar prácticas como el canibalismo, la ablación, el empalamiento y los hijos e hijas nacidos bajo la violencia sexual, con el fin de mitigar el daño a las víctimas que lo han padecido, así mismo incidir en la reparación integral y la construcción de paz para que sus voces sean escuchadas e incluidas en la agenda política. Fue reconocida como mujer Cafam por el trabajo social en 2019.
Desde hace 6 años trabaja con su organización ‘Semillas por la paz’, por las víctimas del municipio de Polonuevo, la cual tiene como objetivo generar oportunidades de emprendimiento, así como crear proyectos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mismo territorio, en su vinculación a procesos de educación y todo tipo de oferta académica. Su rol como lideresa también aborda temas como la memoria y la reconciliación, así como propender por mantener vivo el legado de la Comisión de la Verdad. Es abogada y está realizando una especialización en derecho administrativo.
Hace parte de la Fundación de Víctimas de Calamar. Como coordinador de la mesa de participación de víctimas del municipio de Calamar y delegado del departamento del Guaviare ante la Mesa Nacional busca la visibilización de las víctimas del departamento frente al incumplimiento reiterativo de las administraciones en temas de participación; trabajará por la capacitación y empoderamiento de los nuevos liderazgos haciendo énfasis en el respeto por los derechos y compromisos adquiridos en el marco de la ley 1448 colocando en evidencia las limitaciones de la política gubernamental para atender la población víctima y desplazada, para él es importante que desde estos espacios de representación se trabaje en focalizar la política pública en el cumplimiento y adopción desde los concejos y asambleas.
Señala que desde los territorios las comunidades exigen el fortalecimiento de los proyectos productivos, indemnizaciones unifamiliares, proyectos de vivienda, terrenos para cultivos, oportunidades laborales, pero si el compromiso de los gobiernos no se concentra en generar los espacios para hacer posibles sus solicitudes las víctimas estarán siempre a medias en lograr superar el estado de cosas inconstitucionales.
Durante 15 años ha trabajado con víctimas de desplazamiento forzado desde la Corporación Colombiana de Desplazados, -sin desconocer el apoyo a otras víctimas de otros hechos-, acorde con la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, para el restablecimiento de derechos, especialmente, en la esfera socioeconómica, que es lo fundamental y que requieren las víctimas para continuar y recuperar la vida que tenían antes de convertirse en víctimas del conflicto armado. Señala que no quieren ser víctimas para siempre, quieren aportar a la sociedad, como tampoco el Estado de Cosas Inconstitucional puede ser una situación que permanezca en el tiempo de manera indefinida, pues se requiere el apoyo gubernamental con el fin de que se restablezcan los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.
Como Líder y defensora de los DD.HH. trabaja de manera transversal con todos los enfoques diferenciales buscando siempre la articulación con los cuatro componentes de la política pública de víctimas para hacer incidencia de manera colectiva con las instituciones. Es importante para ella la inclusión de las víctimas de los territorios en la agenda de paz y la memoria histórica. Precisamente, trabaja para que las instituciones de primaria y secundaria incluyan en los programas académicos la cátedra de paz y memoria histórica, para enseñar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en la Guajira y en todo el territorio colombiano.
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