Bogotá D.C. 21 de enero de 2026.
La Unidad para las Víctimas se permite informar a la opinión pública que los contratos interadministrativos constituyen una modalidad de contratación habilitada por el ordenamiento jurídico colombiano, conforme al Estatuto General de la Contratación Pública, siempre que las entidades contratistas acrediten idoneidad, experiencia y capacidad jurídica y financiera.
La celebración de este tipo de contratos entre entidades públicas responde a una política pública orientada al fortalecimiento institucional del Estado, la optimización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines misionales de las entidades.
En este contexto, la Unidad para las Víctimas celebró un contrato interadministrativo con la Corporación Colombia Digital, entidad estatal sin ánimo de lucro que tiene como finalidad principal la implementación de la Política Pública de Gobierno Digital en Colombia, bajo la orientación estratégica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su objeto misional se encuentra alineado con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Estado para la prestación de servicios públicos eficientes, accesibles y oportunos.
Para la Unidad para las Víctimas, la creciente demanda de atención se refleja en un volumen mensual aproximado de 45.000 solicitudes PQRSD y 9.204 acciones constitucionales, lo que hace necesario fortalecer los modelos de atención mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, automatización y canales digitales.
La idoneidad y experiencia de Colombia Digital, así como la existencia de los respectivos estudios de sector y estudios económicos, respaldan esta contratación, orientada a la adopción de soluciones tecnológicas que permitan una atención masiva, eficiente y oportuna.
Este modelo ha sido implementado de manera exitosa por otras entidades del Estado Colombiano como la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras, el ICETEX y Colombia Digital.
La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos, en garantía del interés general y de los derechos de las víctimas.