Llegaron de diferentes regiones de Bolívar, con sus sombreros, sus mochilas y, sobre todo, con sus ilusiones, propuestas e ideas para iniciar un nuevo camino de cuatro años en búsqueda de fortalecer su voz, su participación y contribuir a su transformación y la de los suyos.
Desde temprano se congregaron cerca de 300 víctimas del conflicto armado, en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena para participar en el proceso electoral de definición de los representantes de la nueva Mesa Departamental de Participación de Víctimas.
Al final del proceso de postulación de aspirantes, socialización de sus propuestas y votación, la Mesa Departamental de Bolívar muestra una renovación del 35% con respecto a la del período que finaliza. La instancia de participación quedó integrada por 26 representantes de los distintos territorios de Bolívar. La Unidad para las Víctimas acompañó este proceso electoral en articulación con otras instituciones del Estado.
La lideresa del corregimiento de Las Palmas de San Jacinto, Montes de María, Blanca Sierra, se postuló y salió elegida por el hecho victimizante de integridad física. “Seguiré trabajando porque las personas que resultaron afectadas por la guerra no sigan siendo revictimizadas ni estigmatizadas”. Agregó que, “no descansará hasta cuando nuestros derechos sean respetados y reivindicados”.
Por su parte, el líder del municipio de Magangué Edilberto Mieles, elegido por el hecho victimizante de Minas Antipersonales, señaló que uno de sus propósitos iniciales es organizar una jornada de muletas, bastones y sillas para personas con discapacidad y víctimas de minas antipersonas.
La directora territorial de la Unidad para las Víctimas Bolívar-San Andrés, Marta Luz Salazar, dijo que la participación real y efectiva de estos delegados como representantes de la sociedad civil, garantiza la construcción del Estado Social de derecho y de sus derechos como víctimas del conflicto armado.
Recordó el proyecto de Reforma de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, que cursa en el Congreso, es una “apuesta política de desarrollo de superación del conflicto y de garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado en clave de soluciones duraderas y superación de su situación de vulnerabilidad”.
Las postulaciones para integrar la Mesa Departamental se hicieron por hechos victimizantes (a la vida y la libertad, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, víctimas de minas antipersona, a la integridad física y psicológica) y por enfoques diferenciales: mujer, joven, población LGBTI, persona mayor, población en condición de discapacidad, grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, y Rrom).
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
