La serie de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) se reanudó este jueves en Florencia, Caquetá. Estos espacios se configuran como un nuevo mecanismo de participación, que se suma al extenso proceso de recopilación de insumos que se llevó a cabo en 2023 para estructurar el proyecto legislativo, y el objetivo es dar una discusión lo más amplia y profunda posible sobre esta reforma que desde hace años reclaman las víctimas del conflicto armado.
Esta audiencia pública contó con la presencia de víctimas del conflicto armado; la directora de la Unidad, Patricia Tobón Yagarí; delegados del Gobierno Nacional; congresistas y representantes de la sociedad civil, y se extendió durante toda la tarde de este jueves. En el espacio, las y los asistentes expusieron sus experiencias, preocupaciones y propuestas para ser tenidas en cuenta en el trámite de la reforma y para mejorar la implementación de una política pública de víctimas sintonizada con sus necesidades actuales y con el Acuerdo de Paz, tal como propone el proyecto que presentó en septiembre el Gobierno Nacional y que, posteriormente, fue unificado con otras cuatro iniciativas para facilitar su trámite legislativo.
Esta es la segunda de ocho audiencias públicas programadas en diferentes territorios del país para enriquecer la discusión y seguir atendiendo las peticiones de las casi 10 millones de víctimas del conflicto armado registradas en el país. La primera audiencia se llevó a cabo en Quibdó, Chocó, en noviembre de 2023, cuando la directora de la Unidad socializó las principales apuestas del proyecto de reforma e instó a los congresistas a darle celeridad a la discusión.
Justamente durante la audiencia, Tobón Yagarí agradeció el esfuerzo de Congreso por llevar estos espacios a diferentes territorios, priorizando varios de los lugares más afectados por el conflicto armado, y la reanudación de las audiencias públicas para agilizar el proceso legislativo. “Nosotros recibimos más de 2.000 anotaciones de por qué la Ley de Víctimas se tenía que reformar. Entonces, una de las razones que llevó a impulsar al Gobierno a realizar un proyecto de ley fue reconocer que hay muchos asuntos que requieren abordarse en el Congreso, que pasan en el Congreso”, añadió.
La directora explicó ante los asistentes algunos aspectos esenciales de la formulación del proyecto, como la urgencia de cumplir con lo firmado en el Acuerdo de Paz y atender a las recomendaciones que han hecho los órganos de control y la Corte Constitucional. Pero no solo eso, sino que “fueron las víctimas del conflicto armado las que le pidieron al Gobierno actualizar esta ley. Y lo que hicimos desde el Gobierno fue recoger todas esas propuestas y experiencias y construir este proyecto”.
En la audiencia se escucharon las voces de líderes de víctimas, víctimas no organizadas y académicos, quienes entre sus sugerencias mencionaron priorizar algunas víctimas, como las que sufrieron afectaciones por minas antipersonal, y potenciar ciertos artículos del proyecto para fortalecer el SNARIV, ampliar los recursos para los planes de reparación colectiva y tener en cuenta a las víctimas que están en el exterior. También hablaron sobre las experiencias vividas en el marco del conflicto armado en Caquetá y cómo, a pesar de eso, salieron adelante.
“Es muy importante que en esa actualización sí se incluyan estrategias de soluciones duraderas para las víctimas en Colombia, así como programas de educación, salud, empleo y generación de ingresos”, destacó Judith Aristizábal Muñoz, vocera de la asociación de mujeres víctimas negras e indígenas del Caquetá. En su intervención también señaló la importancia de que el proyecto derive en la celeridad de los pagos de indemnizaciones.
Por su parte, Alirio Calderón, docente de la Universidad de la Amazonia, calificó como “trascendental” la aprobación de la reforma, para incidir en la participación efectiva de las víctimas y las fuentes de financiación de la política pública de víctimas. “Los Acuerdos de Paz modificaron el contexto de la condición y contextualización de la Ley 1448, que se quedó atrás frente a fenómenos nuevos de victimización en Colombia. Además, las condiciones del Estado colombiano hoy merecen y exigen que esta columna vertebral del conflicto armado tenga una modificación sustancial acorde con esta nueva realidad que vive el país”, manifestó.
Durante toda la audiencia se mencionó que las conclusiones, no solo de esta sino de las demás audiencias, servirán como un insumo importante para cuando la Cámara de Representantes inicie el debate legislativo. “Hoy el Congreso tiene en sus manos quizás no la reforma perfecta, pero sí la mejor que pudimos concertar con muchas víctimas y otros autores. Seguramente se mejorará y eso dependerá del debate legislativo. Esto dependerá de su apoyo”, concluyó la directora de la Unidad para las Víctimas.
