La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en relación con la enajenación del predio rural llamado La América, ubicado en Chimichagua, Cesar. En esta decisión se declaró la nulidad de la decisión adoptada por un Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia reafirmó que los bienes y las medidas cautelares impuestas a los mismos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tienen una causa y destinación exclusiva: garantizar la reparación judicial de las víctimas del conflicto armado.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas destaca que este pronunciamiento respalda su misión constitucional de administrar, conservar y monetizar los bienes entregados por la justicia transicional, asegurando que los recursos derivados de ellos se destinen a cumplir las condenas patrimoniales en favor de las víctimas.
Actualmente, el Fondo de Reparación a las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas, comprende más de 3.500 bienes con un valor superior a $1,3 billones, de los cuales solo 483 cuentan con extinción de dominio definitiva a favor de la entidad. Esta cifra de extinciones de dominio aún resulta insuficiente para saldar la deuda histórica estatal en punto de la reparación a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta además que los procesos para la extinción de dominio en el marco de Justicia y Paz presentan en promedio 11 años para que le sea extinta la propiedad ilícita a quien postuló el bien de forma voluntaria.
Así, la Corte Suprema de Justicia indica que la venta de la denominada Finca La América se realizó en un marco de legalidad amparada por el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” en la búsqueda de garantizar la indemnización de las víctimas del conflicto armado, en la presunción de legalidad de los actos administrativos emanados de la Unidad para las Víctimas y de los contratos celebrados con la Agencia Nacional de Tierras, así como avanzar en la democratización de la propiedad rural.
En este sentido, la decisión fortalece la seguridad jurídica y la confianza institucional en los procesos de reparación integral.
“La Corte destacó que la administración de estos bienes es clave para cumplir con las condenas que la justicia ha impuesto a favor de las víctimas. Este tipo de decisiones dan seguridad y confianza en que los procesos continúan por el camino correcto. En la Unidad para las Víctimas seguiremos trabajando para fortalecer la gestión del Fondo de Reparación y para que cada vez más víctimas reciban la reparación que merecen”, afirmó el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, Carlos Arturo Vásquez.
La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las entidades del Estado y con las comunidades, para que las víctimas del conflicto armado reciban la reparación que les corresponde, en cumplimiento de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas).