En este sentido, la paz no es solo silenciar los fusiles es reconstruir el tejido social y garantizar los derechos de quienes más sufrieron la violencia. El Punto 5 del Acuerdo exige la reparación integral y eso implica ir más allá del dinero. Significa reconocer el sufrimiento de más de 10 millones de víctimas e impulsar su participación activa para que sean ellos los protagonistas de las políticas de reparación. La memoria histórica que se construye con la voz de las víctimas es la herramienta más poderosa para la no repetición del conflicto, un camino de justicia que el Estado tiene la obligación de pavimentar.
La inversión del Gobierno del Cambio es contundente y sin precedentes, así lo afirma el Director General de la Unidad para las Víctimas Adith Rafael Romero Polanco: “se han destinado más de $5,73 billones a la indemnización de las víctimas del conflicto armado, el monto más alto en la historia de la implementación del Acuerdo de Paz”. De los $14,85 billones invertidos en total, casi el 40% ha sido ejecutado durante este cuatrienio, lo que traduce su compromiso en cifras irrefutables y un apoyo tangible a más de 2 millones de víctimas indemnizadas históricamente.
Durante el segundo semestre del 2025 la entidad ha reforzado su presencia institucional para que las cifras se traduzcan en acompañamiento y atención. En los últimos meses se han entregado más de 158.000 indemnizaciones a 144.000 personas, con una inversión superior a $1,3 billones. Además, la entrega de ayuda humanitaria también llegó a territorios con crisis agudas, como la región del Catatumbo. Allí, mientras las comunidades enfrentaban nuevos ciclos de desplazamientos masivos, la Unidad garantizó la atención humanitaria de emergencia a 10.124 hogares, con la entrega de 13.765 giros por $10.181 millones.
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La Unidad para las Víctimas reitera que el camino hacia una paz estable y duradera aún tiene desafíos. Por ello el compromiso de garantizar derechos con acciones concretas y seguimiento permanente en todo el territorio nacional es inquebrantable. La reparación, la restitución y el acompañamiento efectivo son responsabilidad de toda la sociedad un llamado a la apuesta colectiva para que Colombia deje atrás los ciclos de violencia y avance con firmeza y dignidad hacia el futuro que merecen sus ciudadanos.