Como directora general de la Unidad para las Víctimas celebro que se esté dando y se haya activado este espacio de seguimiento de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como ustedes lo saben el monitoreo y el control de las políticas públicas debe contribuir al mejoramiento del acceso de los derechos de las víctimas y requiere un seguimiento y debates públicos, porque del avance de estos derechos depende atender y reparar a las víctimas del conflicto, que ha superado más de los 9 millones de víctimas, que hoy tenemos oficialmente en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Hoy fui convocada a presentar este último informe, presentado a esta comisión de seguimiento. Es importante aclarar que este informe se radicó en julio pasado, a principio de la pasada legislatura por el anterior director de la Unidad, quien estuvo en el cargo hasta el 22 de agosto. Voy a cumplir con esta citación desde el enfoque que a mi juicio considero que es el más responsable que es hablar de los retos, los desafíos que afrontamos como Gobierno. Primero partiré la situación que encontramos a nuestra llegada, luego presentaré algunas cifras y resultados que logramos cerrar en la vigencia del año pasado que nos tocó. Esto se detallará en el informe que presentaremos a finales de marzo, tal como lo establece la Ley 1448 de 2011 en esta comisión.
Sobre la gestión encontrada, en general nosotros tenemos deudas y rezagos históricos con las víctimas. Encontré una entidad con muchos procedimientos y requisitos que en su rigidez se convierten en obstáculos para el acceso de los derechos a las víctimas y para que estas accedan a estas medidas. Se han definido administrativamente rutas que pecan por el exceso de herramientas y generan una maraña de instrumentos en los que terminan perdiéndose las víctimas, y dificulta que nuestra atención sea oportuna y eficiente. En reparación los órganos de control incluso han considerado que estos procedimientos resultan regresivos, por eso hemos empezado a revisar las resoluciones internas para asegurar que podamos cumplir con nuestra misionalidad.
La entidad tiene una gran carga operativa, que es pesada, que es densa, por lo que vimos necesario revisar nuestra forma también de operar, que sea más ligera, efectiva. En cuanto a la gestión encontré rezagos importantes en el cumplimiento de las metas que se han establecido institucionalmente. Por ejemplo, de las 15 metas que tenía la Unidad en el pasado Plan Nacional de Desarrollo, más de la mitad no se podían cumplir. Tuvimos que hacer un esfuerzo institucional muy grande para cerrar el año 2022 lo mejor posible.
La reparación administrativa, en toda la implementación de la Ley se habían pagado 1,2 millones de indemnizaciones, que equivale a 325.442 en el cuatrienio anterior, pero esto solo representa cerca del 13% de las víctimas que deben ser indemnizadas. De la meta de las 510.296 víctimas que se preveía reparar en el anterior PND (Plan Nacional de Desarrollo), cuando llegué en agosto los resultados estaban cerca de 60.000 víctimas y nosotros logramos duplicar el número de víctimas indemnizadas en cuatro meses, pudimos cerrar el año con más de 119.000 personas reparadas, cumpliendo con el 93% de la meta.
Sobre reparación colectiva, 50 comunidades y organizaciones de comunidades campesinas y barriales, dos sujetos étnicos de comunidades afrocolombianas, una organización de mujeres, culminaron la ruta, su plan de reparación integral, PIRC (Planes Integrales de Reparación Colectiva). Se logró adelantar en un 100% esas acciones, pero solo representan el 6% de más de 850 comunidades que hacen parte en este proceso; es decir, durante los diez años no hubo avance con estos procesos en la formulación de los PIRC, es un rezago, es una realidad.
De la meta establecida en el PND de 140 sujetos reparados, se logró apenas el 35% y estamos priorizando la implementación de medidas para avanzar en estos procesos, garantizando los derechos a la reparación en los términos previstos en la ley y los decretos leyes étnicos. Se había pagado la indemnización étnica en el marco de la reparación colectiva en 43 comunidades, pero adicionalmente en términos presupuestales recibí una entidad con dificultades en la ejecución. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para implementar en cuatro meses lo que estaba retrasado durante el año, especialmente en proyectos de inversión en temas claves como la implementación y fortalecimiento a la reparación a víctimas y mejorar en la gestión de información que tenía cerca del 83% del presupuesto total de inversión.
Estas son solo algunas cifras que permiten dimensionar los retos a los que nos enfrentamos para cumplir las metas del anterior PND, a la par que trabajábamos también en las rutas de participación para la construcción de esta nueva visión. Estamos trabajando para que el Estado reconozca, atienda, repare, dignifique a las víctimas; que les ofrezca oportunidades que contribuyan significativamente al cierre de esas brechas que tenemos como sociedad y a su dignificación. En esos principales resultados de la Unidad, en estos primeros seis meses en términos de prevención y atención de emergencias, en el 2022 en varias regiones del país se intensificaron los hechos de violencia, generando nuevas vulneraciones a los derechos humanos y lamentablemente aumentó el número de víctimas.
En comparación con el año 2021, en el 2022 se evidenció el aumento mayor al 70% de las peticiones de inclusión al Registro Único de Víctimas (RUV). Encontré situaciones de emergencia y confinamiento en los departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Antioquia que debieron ser atendidas. En 2022 para eventos masivos se apoyaron 47 alcaldías para garantizar la ayuda y atención humanitaria inmediata, en especie, para 22.483 hogares con más de 14.000 millones; otros 13.000 millones se invirtieron en la entrega de ayuda, pero en dinero, para 9.190 hogares en 182 municipios ubicados en 23 departamentos.
En cuanto al confinamiento, iniciamos la estructuración de una ruta integral de atención para dar respuesta institucional que sea consecuente con los riesgos desproporcionados que actualmente afrontan, principalmente, comunidades afrodescendientes e indígenas que son ocupadas por diferentes grupos armados que se disputan los corredores estratégicos para economías ilícitas que coinciden con estos territorios. Esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para cumplir lo solicitado por la Corte Constitucional.
Se priorizaron 120 comunidades en esa ruta, en 13 municipios; 65 con pertenencia indígena y 55 con pertenencia de comunidades negras, afrocolombianas, con el fin de brindar ayuda humanitaria por afectación a víctimas del confinamiento que están dentro del RUV. Llegando a 6.844 hogares destinando kits con elementos de aseo, de alimentación por un valor de 4.877.807 millones de pesos, resaltando que la atención a víctimas del confinamiento inicia a esta escala en cobertura con el actual Gobierno.
En relación con la ayuda humanitaria, como Gobierno Nacional debemos fortalecer los apoyos a las alcaldías para que ninguna víctima se quede sin la atención oportuna que necesita. Entre los procedimientos establecidos se ha advertido que muchas víctimas en los territorios quedan sin esta atención inicial. No fueron suficientes los 64.000 millones de pesos con los que se apoyaron a las alcaldías en el pasado cuatrienio para subsidiar las entregas en dinero, en especie, a más de 73.000 hogares. Aunque la medida de ayuda de atención humanitaria en general puede ser una de las más adelantadas en términos de la implementación de la política, vamos a implementar mejoras con relación a la entrega de ayudas, en especie, y la inclusión del enfoque diferencial étnico en los componentes entregados.
Seguimos con la estrategia de apoyo con materiales y dotación para ejecutar proyectos de infraestructura social y comunitaria, suministro de materiales, mobiliario físico para la construcción y el mejoramiento de infraestructura local; y proyectos agropecuarios, suministros de insumos y herramientas, semillas agropecuarias con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta institucional para la atención de emergencias humanitarias.
En el 2022 la inversión de la Unidad en esta estrategia superó los 6.500 millones de pesos, apoyando 52 proyectos: 40 infraestructura y 12 agropecuarios. 40 de ellos se ejecutaron durante mi administración, son proyectos que ya están y que los culminamos a finales del año pasado.
El desplazamiento forzado sigue afectando a la población colombiana y es una necesidad imperiosa contar con la política de prevención efectiva en los territorios, nada cambiará si las víctimas continúan en un entorno de violencia. Es necesario que la acción del Estado sea contundente para promover la identificación, mitigación de riesgos que puedan generar la violencia de los derechos humanos e infracciones al DIH.
Tenemos retos importantes para detectar tempranamente el riesgo y actuar en consecuencia de acuerdo con las recomendaciones emitidas en las alertas de la Defensoría del Pueblo. Contar con una política de prevención efectiva de la acción de las entidades territoriales en estos territorios, revisar y ajustar el modelo de gestión preventiva del riesgo, promover instrumentos de prevención eficaces para el territorio, fortalecer la presencia institucional y las misiones humanitarias para acompañar a las comunidades en riesgo.
Frente a la atención y la orientación, la Unidad ha garantizado la atención a las víctimas a través de los canales de atención de servicio al ciudadano: presencial, telefónica, virtual y escrito. Brindando orientación personalizada con respuestas y soluciones para estas situaciones y las necesidades de víctimas. Durante mi gestión se orientaron presencialmente 1’460.930 víctimas, luego de recibir solicitudes de 3’162.914 referentes al restablecimiento de derechos y el acceso a medidas de asistencia, atención y reparación que tienen que ver con muchas entidades del Estado.
La Unidad para las Víctimas atiende unos componentes, pero la obligación depende de muchas entidades del Estado, el sector educativo, de vivienda, de desarrollo rural. En materia de reparación integral es también muy importante decir que hay medidas fundamentales de transformación con las comunidades. Una es avanzar los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones en condiciones de seguridad, voluntariedad. Actualmente hay 879 sujetos de reparación colectiva; 603 son sujetos étnicos, 217 no étnicos. Hemos avanzado en un proceso de consulta previa con ellos para avanzar en la ruta de cómo logramos estos cuatro años concertar y que se tengan estos instrumentos para que la política de víctimas se articule con la política de la planeación de la paz en los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). También en los territorios donde se está pensando consolidar los procesos de fortalecimiento y presencia integral del Estado.
Es importante decir que, en el último año, del 28 de febrero del 2022 al 30 de enero del 2023, se lograron implementar 397 acciones de reparación para un total de 2.699 acciones que beneficiaron a 220 sujetos, 142 sujetos fueron fortalecidos por medios de dotación, entrega de bienes de uso colectivo, a través del apoyo a proyectos productivos y proyectos de infraestructura social y comunitaria, con una inversión cerca de 81.708 millones. Asimismo, se avanzó en la indemnización étnica en el marco del proceso de reparación colectiva de 24 sujetos. Este es un trabajo grande con una inversión cercana a los 25.372 millones de pesos.
En cuanto a los retornos y reubicaciones, tenemos cifras que consideramos importantes. Se acompañó un total de 8.535 hogares en su proceso de retorno y reubicación local, de los 294.116 hogares acompañados históricamente. 736 planes de retornos y reubicaciones aprobados, entre étnicos y no étnicos. De estos 309 planes de retornos y reubicaciones comunitarios, se encuentran 100 en municipios PDET, 4.820 hogares accedieron al componente para el transporte y traslado de enseres en su proceso de retorno y reubicación, con una inversión cercana a los 7.230 millones de pesos, el 60% de estos casos corresponde a hogares con jefatura femenina. Se entregaron 332 esquemas especiales de acompañamiento comunitario por un valor cercano a los 9.648 mil millones de pesos.
1.282 víctimas del exterior fueron acompañadas en su proceso de retorno y reubicación, de las cuales 610 han sido mujeres. Frente al acompañamiento a comunidades indígenas y afrodescendientes, en su proceso de retorno y reubicación se venía realizando lineamientos establecidos en los decretos 4633 y 4635 de 2011. Se realizaron jornadas de concertación con 78 comunidades indígenas, étnicas en los departamentos de Antioquia, Arauca, en la ciudad de Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Huila, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda.
Adicionalmente, se lideró el retorno de 804 hogares correspondientes de la comunidad Emberá Katío y Emberá Chamí de los municipios Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, municipio de Bagadó y Carmen de Atrato. Sobre esto, como ustedes bien lo deben saber, es un asunto de emergencia nacional; la situación Emberá en 14 ciudades del país es un problema de hace 40 años, lo digo también como miembro de este pueblo, que lo conozco y sé de su realidad. Es un tema de extrema pobreza en estos territorios; dependen también de los subsidios de los alimentos y requerimos intervenir. Estamos trabajando decididamente para poder presentar una ruta a través de un diagnóstico de la realidad del problema que debemos reconocer.
Los Emberá vienen hace mucho tiempo ubicándose en la ciudad de Bogotá. Acá venden sus artesanías, dentro de la economía por su situación lingüística terminaron en franjas de la mendicidad. No es un asunto de hace pocos años, antes de la política, ya estaban en esta situación. La política de víctimas y su atención en este aspecto debe ser revisada y ajustada para darle condiciones a esas comunidades de desarrollo. Son casi 16.000 personas entre el resguardo Gitó Dokabú y el Alto Andágueda que deben acceder primero a un hospital de primer nivel, porque vienen a Bogotá a que les resuelvan acá lo que no acceden en salud.
Allí no tienen una vía digna. Hace dos semanas hubo muertos en la carretera que ellos mismos tuvieron que abrir. Hemos concertado y liderado la implementación de un número de medidas y trabajamos de la mano de las entidades de control para que las instituciones puedan avanzar en el cumplimiento de estas rutas de retorno. De la mano con la alcaldía atendemos cada uno de estos retornos que son coordinados con las comunidades a través de un proceso de participación y diálogo.
Vamos a ajustar el protocolo de retornos, de tal forma que se superen las dificultades que reiteradamente nos ha dicho la Corte Constitucional, los órganos de control y las organizaciones humanitarias que acompañan estos procesos. Debemos fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). En este sentido, se dio el año pasado el primer comité ejecutivo. El presidente de la República solicitó a todas las entidades de Gobierno entregar su oferta institucional y hacer mesas de trabajo que estamos próximas a realizar, en las que también nos acompañará y citaremos a los órganos de control, también a delegados de las mesas de víctimas para que puedan participar y escuchar. Estas propuestas deben ser llevadas al presidente de la República para que él pueda revisar, ordenar y dar orientaciones del cumplimiento de la política de víctimas.
Soy Emberá, vengo del movimiento social, lo conozco, me formé allí como líder indígena, como defensora de derechos humanos y más que nadie soy consciente de lo que representa la participación, del valor de la participación de las comunidades para avanzar con voluntades para lograr propósitos conjuntos entre el Gobierno Nacional y las comunidades. Durante mi gestión me he preocupado para que los canales de diálogo estén permanentemente abiertos con la Unidad para las Víctimas. Las víctimas han estado relegadas de los procesos institucionales, pero para mí es un imperativo escucharlas, hacerlas partícipes de sus propios procesos de atención y reparación, su participación no puede ser un problema para las entidades, la legitimidad, la gestión como entidades es parte fundamental de la transformación que se quiere dar en esta política. Por eso, a mi llegada solicité, concerté con la mesa nacional de víctimas, 33 espacios para que ellas pudieran hacer propuestas para este nuevo PND.
Trabajamos de manera conjunta, asimismo, solicité y de la mano de la Dirección Nacional de Planeación creamos una submesa, dentro de 42 diálogos vinculantes para que las víctimas fueran escuchadas en todo este proceso, se hicieron esas 42 submesas en todo el país. A su vez, logramos tener una concertación con la Mesa Nacional de Víctimas, un plan de trabajo y un plan de gestión que próximamente será presentado a las entidades. Logramos concertar con la mesa permanente de concertación de pueblos indígenas y reconocer las deudas históricas que se han tenido como es avanzar hacia la consulta previa del decreto reglamentario de la Ley 4633 de 2011, que no se hizo en toda la historia de la política y que producto de eso hay una pérdida de esfuerzos interinstitucionales para atender la realidad de estas comunidades y no hay un avance en sus derechos. Esto es uno de los reportes que da la comisión de seguimiento y monitoreo a lo largo de su historia, los informes que se han presentado acá; también avanzamos en la concertación con el espacio nacional de consulta de las comunidades negras, afrocolombianas y suscribimos unos acuerdos importantes también, en términos de la participación de las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras. Asimismo, con el pueblo Rrom o gitano, donde de la misma manera avanzamos para reglamentar estos importantes decretos leyes.
Hay un aspecto que tiene que ver con todos los diagnósticos en los territorios étnicos: muestran que los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas tienen una infraestructura precaria inexistente, una notoria debilidad del sistema de salud y además su ubicación en zonas rurales dispersas, el debilitamiento de su estructura organizativa, la débil presencia del Estado, lo que contribuye a condiciones de vulnerabilidad de estos pueblos.
Los órganos de control advierten en su último informe sobre el recrudecimiento del conflicto en estos territorios. Subregiones como el Bajo y Medio Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo San Juan, Costa Pacífica, Policarpa (Nariño), norte del Cauca y zona rural de este departamento, Buenaventura, en todas estas zonas se presentan una cantidad de eventos masivos, recurrentes en estas poblaciones. En este sentido hemos venido adelantando acciones importantes para que avancemos decididamente en el reconocimiento y desarrollo de estos derechos.
Reconozco como nadie las dificultades que es lograr esa visión de articulación entre todos esos mundos culturales con las propias entidades del Estado y estamos avanzando. Logramos avances que no se lograron en diez años en la concertación con la voluntad de esas comunidades. En términos de superación de pobreza y soluciones duraderas, el 43% de las víctimas tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema y el 38% a la línea de pobreza de acuerdo con la información recogida a través del Sisbén IV. Entonces la focalización y la priorización de la oferta social del Estado debería corresponder a la alta proporción de víctimas de la población pobre del país.
Esto lo hemos venido dialogando con el DNP y con Hacienda, es claro que debemos generar oportunidades de acceso, de acuerdo con las condiciones de esta población. Los sistemas de información y caracterización de la población, debemos revisar las mediciones, es un reto importante poder discutir y tener una medición, así como lograr claridades sobre mayores presupuestos y recursos, para atender una deuda histórica que claramente, cómo dice los órganos de control en seguimiento, se necesita más de 300 billones de pesos para atención. Sabemos que la reforma tributaria tiene unos recursos, pero hay temas del país y la unidad tiene unos temas de articulación, pero todas las otras entidades deben hacer lo propio para poder atender esta situación.
Se han hecho unos ejercicios y una mesa de trabajo con el DNP y ahora con Hacienda para seguir buscando estos recursos para cumplir con las metas que se han establecido o que se están en este momento discutiendo. La Contraloría estimó que se requieren 300 billones constantes y muchos gobiernos para poder superar estos rezagos; también estamos solicitando la revisión de este CONPES, que lo han pedido las víctimas, las organizaciones y las entidades de control, porque las metas son muy bajas para poder atender la emergencia y la necesidad que tienen las víctimas. Estamos avanzado en una mesa de trabajo con la Corte Constitucional en términos de revisar cuál puede ser la propuesta de cierre y superación del Estado en cosas constitucionales, porque son muchas las observaciones.
En el PND hay unas metas para el cuatrienio. La indemnización de 600.000 víctimas, que son unas metas que superan a las del Gobierno anterior, somos conscientes de que se requieren muchísimos Gobiernos. Tenemos como meta avanzar en la concertación y formulación de 642 planes de reparación colectiva, la implementación de 300 planes de reparación colectiva, el retorno y reubicación de 368.000 víctimas, la superación de la situación de vulnerabilidad de dos millones de víctimas con una nueva medición, atender al 100% de las víctimas que requieren atención humanitaria. Así como avanzar en una articulación decidida con la información de los presupuestos, con la participación de los entes de control y de quienes le hacen seguimiento a la política para que las entidades a nivel nacional respondan en un avance y disposición de recursos para atender estas solicitudes.
Somos conscientes de que seguramente habrá muchos retos y apuestas que hemos identificado, unos que aquí quedarán por fuera, pero que están en nuestro radar. Seguramente en el camino seguiremos haciendo los ajustes para lograr que estas políticas públicas den respuestas a estas necesidades. Esperamos que en la ley que contenga y da vigencia al PND queden las apuestas necesarias para ello. También los invito a ustedes para que se sumen a este esfuerzo y nos ayuden a hacer eco en las propuestas que beneficien a las víctimas, para que acompañen y apoyen desde su rol la labor de la Unidad y la propuesta de cambio que nos permita mejorar las condiciones de vida de esta población. Muchas gracias.
