Mecanismos de seguimiento

Certificación Entidades Territoriales

Objetivo de la Certificación Territorial

Busca medir la contribución de los departamentos, distritos y municipios en las acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, que lleven al goce efectivo de sus derechos.

Alcance de la Certificación Territorial

Identificar, evidenciar y reconocer en qué entidades territoriales se tienen avances, fortalezas, debilidades y necesidades frente a las disposiciones de la Ley de Víctimas en cada vigencia, de modo que desde el gobierno nacional se pueda asistir a las administraciones y definir dónde se debe priorizar y focalizar las acciones que beneficien a la población víctima.

Qué se midió en la vigencia 2013

El avance en la implementación de la Ley de Víctimas en territorio, teniendo en cuenta las competencias de las entidades territoriales de acuerdo con el acompañamiento realizado por el gobierno nacional.

Adicionalmente se identifica el avance en cuatro temáticas:

Coordinación Nación Territorio:

  • Actualización del Instrumento de Planeación (PAT)
  • Operación de los Comités territoriales de Justicia Transicional (CTJT)
  • Inversión en víctimas de las entidades territoriales a través del Formulario Único territorial – FUT.

Participación:

  • Apoyo de las entidades territoriales a la creación y funcionamiento de la mesa de participación efectiva de las víctimas.

Sistemas de Información:

  • Vinculación a la Red Nacional de Información
  • Creación y operación del espacio formal de sistemas de información en los territorios

Retornos y reubicaciones:

  • Solo aplico para 123 entidades territoriales.
  • Acompañamiento de la entidad territorial a los procesos de retornos y reubicaciones
  • Priorización de la construcción de infraestructura en áreas con población retornada y/o reubicada.

Vigencias

2012 El proceso de certificación territorial ha permitido ajustar el seguimiento y evaluación de acuerdo con el momento de la política pública en la que se encuentren las entidades territoriales. Es así como en el correspondiente al año 2012 se evaluaron tres acciones básicas que debían haber realizado tanto los municipios como los departamentos en relación con la adecuación y alistamiento institucional establecido en la Ley de Víctimas.

Niveles de contribución:

  • ALTO (Mayor que 80%): Avance significativo en las acciones.
  • MEDIO (De 61 % a 79%): Avance en las acciones, pero hay temas por fortalecer.
  • BAJO (Menor que 80%): Es necesario establecer mecanismos de fortalecimiento y seguimiento.

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2013 Las acciones evaluadas se orientaron a medir la operatividad de esa institucionalidad creada en el año 2012, así como la implementación inicial de programas y/o proyectos que beneficiaran a la población víctima presente en cada territorio. Por ello se incluyeron nuevas acciones que tenían como objetivo revisar que hubieran funcionado los Comités Territoriales como instancias de toma de decisiones y de seguimiento local a la implementación de la política pública de víctimas, y que las entidades territoriales hubieran acompañado los procesos de retornos y reubicaciones y apoyado la conformación y funcionamiento de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas. Así mismo, se midió la inversión en víctimas realizada por cada una de las entidades a través del reporte que efectuaron en el Formulario Único Territorial – FUT, y que se hubieran creado los espacios técnicos para articular los aspectos de Sistemas de Información, es decir, el manejo de la información tanto de las víctimas como de su atención.

Niveles de contribución:

  • ALTO (mayor que 75% hasta 100%): Avance significativo en la implementación de la política pública de víctimas.
  • MEDIO (mayor que 50% hasta 75%): Avance en las acciones de implementación, con algunos temas por fortalecer.
  • BAJO (0% hasta 50%): Es necesario establecer mecanismos de acción inmediata para la implementación de la política pública de víctimas.

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2014 El énfasis estuvo en la consolidación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, midiendo tanto el avance en el cumplimiento de las competencias revisadas para la vigencia 2013 como la implementación de acciones adelantadas en otros aspectos como reparación colectiva, restitución de tierras y prevención, que antes no habían sido incorporadas en la medición de la contribución de las entidades territoriales. Algunas de las competencias medidas fueron: la operatividad del acuerdo de información firmado entre la Unidad para las Víctimas y las entidades territoriales; la presentación de los planes de reparación colectiva para aprobación en los Comités Territoriales y la actualización del instrumento de planeación con la inclusión de los procesos de reparación colectiva; la socialización en los espacios locales de los procesos de restitución de tierras para fortalecer la articulación interinstitucional entorno a esto y la aprobación de los planes de contingencia.

Niveles de contribución:

  • ALTO SOBRESALIENTE (contribución mayor al 100%): la entidad territorial presentó una consolidación significativa en la implementación de la política pública de víctimas con un sobresaliente nivel de compromiso.
  • ALTO (contribución mayor a 75% y hasta 100%): la entidad territorial evidenció una consolidación significativa en la implementación de la política pública de víctimas.
  • MEDIO (contribución mayor a 50% y hasta 75%): la entidad territorial demostró consolidación en las acciones de implementación, con algunos temas por fortalecer.
  • BAJO (contribución entre 0% y hasta 50%): es necesario que la entidad territorial establezca mecanismos de acción inmediata para la consolidación de la política pública de víctimas, que se reflejen en resultados positivos para la medición de la vigencia 2015.

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RUSICST (Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial)

El RUSICST es el mecanismo principal de información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las Políticas Públicas y Planes de Acción de Prevención, Asistencia, atención y Reparación Integral a víctimas; que permite fortalecer la capacidad institucional las entidades territoriales mediante la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un plan de mejoramiento para avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima. Adicionalmente, es el insumo para el proceso de certificación de las entidades territoriales, la aplicación de los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación y la medición de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

https://www.youtube.com/watch?v=-CeIDEQJ-9E https://www.youtube.com/watch?v=g85gSXaoc0U

Formulario Único Territorial – FUT

El Formulario Único Territorial es un reporte de información presupuestal que deben realizar todas las entidades territoriales de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 del decreto 3402 de 2007, y es además, uno de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la política pública de víctimas, según el decreto 1084 de 2015 en su artículo 2.2.8.3.8, el cual es coadministrado por el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La captura de información a través del FUT permite i) realizar seguimiento al gasto de las EETT en la política pública de víctimas, ii) servir como insumo fundamental para los órganos de control, iv) disponer de información actualizada y de fácil acceso para la ciudadanía en general y, v) disponer de información para la toma de decisiones en materia de política pública en todos los niveles de gobierno.

Para consultas sobre la información reportada por las entidades territoriales, acceda al espacio de consulta informe al ciudadano a través del siguiente portal http://www.chip.gov.co/schip_rt/

Indicadores de Coordinación Nación Territorio - ICNT

Los Indicadores de Coordinación hacen parte del sistema integral de seguimiento y evaluación que debe coordinar la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como se ordena en el decreto 1084 de 2015 en su artículo 2.2.8.3.8. Su diseño y aplicación está a cargo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y la misma Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las anteriores entidades conforman la mesa técnica responsable del desarrollo de la batería de indicadores de coordinación, con la que se medirán los niveles de coordinación de las entidades nacionales y territoriales, en el diseño, la implementación y seguimiento de la política pública de víctimas.

El propósito de medir el nivel de coordinación se centra en evaluar el estado actual de la articulación existente entre las entidades nacionales y territoriales en su gestión para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima. En este sentido, los indicadores son el mecanismo de seguimiento que expone el panorama nacional y territorial en términos de coordinación, por medio de los que se podrá evidenciar las falencias, los avances, y retrocesos, existentes en términos de coordinación en los diferentes niveles, lo cual permitirá realizar alertas para que las entidades mejoren su gestión en el sus responsabilidades establecidas en los diferentes instrumentos legales y jurisprudenciales.