La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentó su rendición de cuentas de la vigencia 2024, en la que presentó los principales logros alcanzados en materia de fortalecimiento institucional y de asistencia, atención, reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Con una ejecución presupuestal del 97,1 % de los más de $4,3 billones asignados, la entidad consolidó en el año 2024 una gestión caracterizada por la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos destinados para los sobrevivientes del conflicto.
El director general de la entidad, Adith Rafael Romero, resaltó que “la rendición de cuentas es un ejercicio de diálogo y transparencia con las víctimas, con el país y con todos los aliados que acompañan nuestra misión. Cada cifra refleja un esfuerzo institucional que tiene como centro la dignidad de las víctimas y la construcción de paz en los territorios”.
En materia de reparación individual, la Unidad ordenó 307.619 indemnizaciones, beneficiando a 285.537 víctimas con una inversión cercana a los $2,6 billones. “Se constituyeron 72.055 encargos fiduciarios para proteger los recursos de niños, niñas y adolescentes, y se acompañó a 50.591 víctimas en el uso adecuado de sus recursos, superando la meta en un 154 %”, destacó el director de Reparación, Sergio Agón.
En materia de reparación colectiva, con corte al 31 de diciembre de 2024, 1.052 sujetos colectivos accedieron al programa. Se aprobaron y protocolizaron 79 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y se logró el cierre total de tres planes: las comunidades de Kanalitojo (Meta), Bellavista (Magdalena) y Arenillo-Pradera (Valle del Cauca). Además, se avanzó con la indemnización étnica en 35 sujetos colectivos, con una inversión de más de $23.000 millones.
La atención humanitaria fue otro pilar. “Respondimos a 229 emergencias masivas que afectaron a 50.641 hogares y 129.638 personas, y brindó atención a 396.859 hogares, superando la meta con un 102 % de cumplimiento. El presupuesto para comunidades confinadas se duplicó: pasó de $6.676 millones en 2023 a $13.275 millones en 2024”, explicó la subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria, Karol Ortigoza.
La entidad también fortaleció la política de retornos y reubicaciones, apoyando la formulación de 43 planes comunitarios, de los cuales 13 fueron implementados completamente. A través de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario (EEAC), y se avanzó en un 93,4 % de ejecución del convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, beneficiando a 2.000 hogares de víctimas de desplazamiento forzado con planes de negocio y fortalecimiento productivo.
En materia de registro y gestión de la información, se incorporaron 423.943 personas al Registro Único de Víctimas (RUV) y se caracterizaron más de 584.000 personas, garantizando la actualización de datos y la interoperabilidad con el Sistema Integral para la Paz (SIP).
En el componente psicosocial, 23.873 personas recibieron atención durante 2024, con estrategias grupales e individuales en zonas de difícil acceso. “Se acompañó a 1.180 familiares de víctimas de desaparición forzada y homicidio, reafirmando el compromiso institucional con la recuperación emocional y la reparación transformadora”, destacó Aída Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial.
“Además lideramos 128 jornadas de asistencia técnica, fortaleciendo la reglamentación de los Decretos Ley Étnicos (4633, 4634 y 4635 de 2011) y promoviendo 25 encuentros comunitarios con enfoque en mujer, familia y generación”, apuntó Alix Aguilar, directora de Asuntos Étnicos.
Por otra parte, el trabajo interinstitucional permitió la formulación y viabilización de más de 300 proyectos de infraestructura y generación de ingresos, y la certificación de 26 entidades nacionales y más de 1.100 territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
La cooperación internacional también fue un eje clave. Se destacaron iniciativas como el proyecto Soluciones Duraderas (Noruega, Suiza y Alemania), el programa Crédito para la Paz (MPTF y Bancóldex), y el proyecto de articulación institucional con AECID, además de alianzas con GIZ, ONU-Hábitat, PNUD y OIM. Estos esfuerzos fortalecieron procesos de reparación, acompañamiento psicosocial y autosuficiencia económica.
Por su parte, el Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior (GAVE) reportó 4.950 víctimas atendidas, con 9.611 solicitudes tramitadas, 89 consulados capacitados y 1.737 giros de indemnización por más de $18.000 millones. “Se implementaron estrategias de atención psicosocial y emprendimiento en Ecuador, Venezuela, España y Brasil, reafirmando que la política pública de víctimas no tiene fronteras”, agregó Claudia Gutiérrez, coordinadora del GAVE.
Con este ejercicio, la Unidad reafirmó su compromiso con la transparencia institucional, la eficiencia y la dignidad de las víctimas, fortaleciendo la confianza ciudadana y consolidando la política pública de atención y reparación como un pilar para la construcción de paz en Colombia.