Con 38 organizaciones de víctimas del conflicto armado inscritas, se reunieron alrededor de 400 personas el pasado 8 de septiembre, en el Punto de Atención a Víctimas (PAV)de Bucaramanga, para elegir la nueva Mesa de Participación Efectiva de la capital de Santander.
En un ejercicio democrático con la secretaría técnica de la Personería, las víctimas realizaron la votación por los hechos victimizantes de desaparición forzada, discapacidad, integridad física, mina antipersonal, violencia sexual, LGTBIQ+, vida y libertad, y los enfoques diferenciales étnico y afro, adulto mayor, jóvenes y mujer consignados en la política de participación. Se realizó el escrutinio y lectura de los nuevos representantes a cargo de la Personería de Bucaramanga.
Fueron elegidos 18 representantes (9 mujeres y 9 hombres), quienes por primera vez tendrán un periodo de 4 años como estructura municipal que representa a las víctimas, en dónde tendrán la responsabilidad de concertar con el Estado los planes, programas y proyectos destinados a desarrollar las políticas públicas de atención y reparación integral en Bucaramanga.
La coordinadora de la Mesa de Víctimas en Bucaramanga hasta el pasado 8 de septiembre, Vitelma Álvarez, manifestó que la motivación para participar en el proceso es la de intervenir ante las instituciones para que la política pública se haga efectiva.
Por su parte, Germán Emilio Racaute Cosio manifestó que: “Siente la necesidad de que los programas y proyectos se puedan poner en práctica a partir de este mecanismo de participación que ofrece la ley 1448. Lo que me motiva a participar es llegar con ideas nuevas y renovadoras que prioricen y beneficien a las personas que han sido afectadas por el conflicto armado”.
La Unidad para las Víctimas acompañó la jornada para promover la participación efectiva de la población víctima en la elección de sus representantes para el periodo 2023 al 2027.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
