El Gobierno nacional se ha trazado metas ambiciosas para superar los rezagos en la implementación de la política pública de víctimas, que aún requiere de esfuerzos adicionales y articulados que permitan llegar de manera efectiva al territorio y avanzar en la implementación de soluciones duraderas. Así lo reconoció la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, durante el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV), realizado este martes, 10 de octubre, en la Casa de Nariño.
La alta funcionaria recordó que una de las metas del Gobierno del Cambio es indemnizar 600.000 víctimas, formular y concertar más de 640 planes de reparación colectiva y cerrar el periodo de gobierno con 300 planes en etapa de implementación en todo el país.
Entre las prioridades del gobierno están generar soluciones duraderas en términos de habitabilidad y tierras, salud, educación y alimentación para las poblaciones más vulnerables por causa del conflicto.
Durante el Comité Ejecutivo, la representante de la Mesa Nacional de Víctimas Ludirlena Pérez solicitó a las diferentes entidades del SNARIV fortalecer la articulación e incluir a las víctimas del conflicto armado en todos los procesos de fortalecimiento institucional. “Estamos prestos a trabajar con ustedes en cada una de las discusiones que tengan al interior de sus entidades de cara al goce efectivo de los derechos de las víctimas”.
La viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, sostuvo que, para facilitar una atención digna, oportuna y sin barreras de acceso a esta población, ya aumentaron los recursos por lo que es necesario priorizar su ejecución para atender a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Entre las principales conclusiones está la entrega de lineamientos por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para avanzar de manera contundente en el logro de resultados de la política pública de víctimas contempladas en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas puso a disposición de las demás entidades los resultados del Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI) que facilita la focalización para que los recursos asignados puedan ser invertidos de manera articulada en soluciones duraderas, mitigando así las múltiples problemáticas que tienen las víctimas del conflicto armado, y superen sus condiciones de vulnerabilidad en los territorios dispersos del país.
Finalmente, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 entregó sus principales conclusiones y recomendaciones de su décimo informe se seguimiento entre las que resaltan el llamado a todas las demás entidades garantizar una atención con prioridad, dignidad y eficiente a la población víctima del territorio nacional.
El comité fue presidido por el director del DAPRE, Carlos Ramón González, quien es el delegado del presidente de la República, Gustavo Petro, para este comité ampliado.
Otro de los aspectos claves es definir la metodología y ruta de trabajo para contribuir con la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, lo que le permitirá al Gobierno avanzar en las soluciones duraderas para superar los rezagos históricos identificados.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
