Con la asistencia de 23 delegados y delegadas, que llegaron procedentes de diferentes municipios del Chocó, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional, la Unidad para las Víctimas lideró el espacio de construcción del informe de gestión de la Mesa Departamental de Víctimas.
En este informe se identificaron los avances y dificultades que tuvo la mesa en su período de trabajo, comprendido entre 2021–2023, y se dejaron recomendaciones a las instituciones del Estado para la mejora de la implementación de la política pública de víctimas del departamento.
La metodología utilizada permitió el trabajo alrededor de cuatro mesas temáticas: prevención y protección, atención y asistencia, reparación integral y verdad y justicia; todo ello enmarcado en los ejes transversales de enfoque étnico; participación y fortalecimiento institucional, con el objetivo de lograr identificar las actividades realizadas a nivel departamental.
“Hacemos un balance satisfactorio porque las víctimas acudieron a este espacio y desde la Mesa Departamental pudimos contar lo que hemos hecho. Construimos un informe real con base en el plan de trabajo establecido y enfocado a la realidad territorial. Estamos satisfechos porque la Unidad para las Víctimas nos dio la mano en el acompañamiento para la elaboración de este informe, a través de la garantía de participación” así lo expresó Blasney Mosquera Hurtado, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Chocó.
En este espacio se pudo evidenciar que los avances e incidencia se vieron reflejados en torno a una mejor articulación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), un mayor acercamiento con la Gobernación del Chocó y el retorno de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a Quibdó, entre otras acciones que facilitan los trámites y servicios a las víctimas del departamento mejorando sus garantías de derechos.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
