El Instituto Popular de Capacitación (IPC) es una organización de la sociedad civil con carácter nacional, fundada en Medellín en 1982. Realiza labores de investigación, capacitación y formación, opinión pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y promoción con comunidades (académicas, rurales, urbanas, entre otras), movimientos sociales y políticos, medios de comunicación, como también con el Estado en sus diferentes escalas territoriales.
Entre enero de 1999 y octubre de 2000 la ONG sufrió varios ataques, entre los que se destacan el secuestro y la amenaza contra varios de sus miembros así como el ataque a la sede de la organización mediante artefacto explosivo. Lo anterior generó pérdida de liderazgos, dado que varios de los miembros se retiraron de la organización por temor y otros se fueron al exilio; estigmatización, por las declaraciones del ex jefe paramilitar Carlos Castaño, autor intelectual del secuestro, quien señaló a la ONG de “guerrillera”; pérdidas materiales por la bomba; y cierre de líneas de investigación, en especial aquellas relacionadas con la situación de derechos humanos del país y la arremetida paramilitar. Asimismo, los miembros manifiestan haber estado sometidos a una gran presión sicológica y la percepción de riesgo inminente, con efectos negativos en su salud, lo que motivó el retiro de varios de ellos. Igualmente el IPC ha manifestado lo siguiente:
“Se buscó en los diferentes periodos y con los distintos tipos de agresiones: cerrar, bloquear, desprestigiar, estigmatizar, neutralizar, aislar y deslegitimar la reflexión y acción institucional. Las autoridades conocieron y agentes estatales participaron de estas agresiones”.
En ese contexto, la Unidad para las Víctimas y el IPC han concertado de las siguientes medidas de reparación colectiva con el fin de resarcir los daños colectivos a la organización, fortalecer las prácticas de agenciamiento y su vez, recuperar los espacios de política pública sobre la defensa de los derechos humanos y la construcción ciudadana.
Es así, que el IPC ha descrito las siguientes medidas de reparación: (i) Reconstrucción de Memoria colectiva como una medida de reparación- Satisfacción E inclusión en los informes de Memoria Histórica (ii)Esclarecimiento histórico en los marcos de lucha contra la Impunidad (iii) Red de los Sujetos de Reparación Colectiva. (iv) Plan de Incidencia Internacional para la construcción de paz. (v) Modelo de defensa en DDHH (Observatorio de DDHH, Paz y Seguridad (2 investigaciones con enfoque rural – tierras, territorio y minería – y urbano – seguridad y la extorsión – en clave de postconflicto) (vi) Línea editorial por la vida con énfasis en la construcción de paz y agenda postconflicto y reconciliación. (vii) Fortalecimiento y Desarrollo institucional (Fortalecer la gestión documental del IPC) (viii) Seguridad física, informática y de equipo de trabajo (Mejorar las condiciones de seguridad física e informática y de equipo de trabajo).
Del mismo modo, en el año 2013 se reconoció oficialmente como sujeto de reparación colectiva e inclusión en el Registro Único de Víctimas mediante la Resolución 2013-295545. Además, Se implementó la primera fase de la medida anticipada que busca la conformación de una agenda de derechos humanos en los 10 municipios del Valle de Aburra. Asimismo, se concertó conjuntamente con la MappOEA, El colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo y la Unidad para las Víctimas la Construcción del Diagnóstico del Daño y el Plan de Reparación Colectiva. Por último, se incluyó a IPC en los hechos de imputación de Don Berna en el marco de Justicia y Paz.
Encuentro del Diagnóstico del Daño Psicosocial con el fin de identificar los daños y las afectaciones psicosociales a la organización.
Encuentro para la Validación del plan de reparación colectiva y el Diagnóstico del IPC con los socios y trabajadores de la Organización.
Socialización del Plan de Reparación Colectiva de la Organización en el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Aprobación por el Nivel Nacional (Unidad para las Víctimas) y el Nivel Departamental (CTJT)
Implementación del Plan de Reparación Colectiva del IPC.
Implementación de la segunda fase de la Medida Anticipada (Construcción de una agenda de derechos humanos en los 10 municipios del Valle de Aburra)
Implementación de dos (2) medidas de reparación colectiva a través del FJT del PNUD. Dichas medidas son: (i) Plan de Incidencia internacional y (ii) Reconstrucción de la memoria histórica de la organización.
Realizar reunión con la Directora General para esclarecer la voluntad política y las acciones de alto nivel con el IPC en el marco del programa de reparación colectiva.
Establecer una línea de trabajo y priorización de las medidas del PIRC para el 2016.
Realizar seguimiento al proceso de Justicia y Paz-Caso Don Berna-IPC
Realizar reuniones bilaterales con las Instituciones y el IPC con el fin de fortalecer las acciones de política pública.
Implementar medida de reparación colectiva del PIRC
Fortalecer las acciones políticas del proceso bajo el marco de la reparación colectiva. En este sentido generar reuniones de alto nivel con el SNARIV
Fortalecer los procesos de contratación con el fin de flexibilizar los mecanismos e implementación de medidas de reparación colectiva.
Fortalecer las acciones del operador logístico con el fin de garantizar las acciones organizativas y de provisión por parte de la Unidad para las Víctimas.
