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Más de 2.000 víctimas del conflicto han sido indemnizadas durante esta pandemia en el Tolima; la familia de Humberto Ramírez fue una de las beneficiadas.
A la familia Ramírez, residente en el municipio de El Espinal (Tolima), la tranquilidad del quehacer campesino y el proyecto de vida que lideraba Humberto Ramírez, junto a su esposa e hijos, se los arrebató una contundente amenaza: “tenían que abandonar su finca de un día para otro”.
Ramírez y su esposa sabían que esta coacción debía tomarse en serio. “Fuimos desplazados por el frente 21 de la Farc, por el hecho de que no pudimos pagarles la cuota que ellos exigían mensualmente para su sostenimiento”, relata Humberto.
Fue en el año 1991, y más concretamente el 10 de abril, la noche en que huyeron de la finca sin nada más que algunas prendas de vestir, en medio de la oscuridad de un camino que a cada paso se tornaba más sombrío como su futuro.
“Cuando llegamos a llanura, desde lejos vimos que le habían prendido candela a la casa en donde vivíamos, o sea que sino no salimos es noche no le estaría contando el cuento ahora” recuerda.
Desterrados, Humberto, su esposa y sus hijos intentaron rehacer sus vidas en un municipio vecino. No obstante, allí se enfrentaron el segundo despojo: una casa hipotecada que hacía parte del patrimonio familiar terminó de nuevo en manos del banco al incumplir el pago de las cuotas del préstamo que hasta entonces solventaban con el producido de la finca. “El banco nos quitó la casa y fuera de eso quedamos con una deuda de 37 millones, deuda que finalmente quedó saldada con la casa”, afirma.
Sometido por los años, las dificultades económicas y con la responsabilidad a cuestas de sus hijos, Erika y César, ambos enfermos, Humberto trabajó en molinos de arroz cuando las fuerzas le alcanzaban, su esposa lavaba ropa ajena y sus hijos vendían helados y empanadas; todas estas tareas eran insuficientes hasta que un día recibieron las dos primeras indemnizaciones por parte de la Unidad por las Víctimas. “A nosotros los recursos de la reparación económica han llegado en los momentos más difíciles de nuestra historia como desplazados; nos sirvieron mucho porque estábamos levantando esta casa. Las dos indemnizaciones se invirtieron acá, en este techo porque andábamos como errantes pagando arriendo por más de 20 años”, reconoce.
Además, recientemente, la Unidad para Las Víctimas llegó hasta la casa de la familia Ramírez con una nueva carta confirmando el pago de la reparación económica de César Humberto hijo, un beneficio en medio la pandemia y que nuevamente solventará las carencias económicas de la familia, ya que César padece una enfermedad que lo limita para ejercer actividades laborales.
“Ahora llega un nuevo recurso, y este muchacho, que no recibe pensión ni nada más, podrá invertir y mejorar un taller para el arreglo de bicicletas”, manifiesta.
La próxima reparación económica para este núcleo familiar será para Erika, la hija menor de Humberto, una joven quien también hace parte de la ruta priorizada para víctimas que sufren alguna discapacidad.
La familia de Humberto no ha sido la única beneficiada durante esta pandemia en el departamento.
En el Tolima, durante los meses de confinamiento, la Unidad para las Victimas ha colocado giros por un valor superior a los 15.000 millones de pesos para indemnizar más de 2.000 víctimas.
Durante el mes de julio la Unidad pagó $333 millones a 44 víctimas de la ruta priorizada en el departamento.
Se pagaron $276 millones a través de encargos fiduciarios a 64 jóvenes víctimas que cumplieron su mayoría de edad.
Y en esta región, la Unidad ha entregado, en el marco de la pandemia, 6.342 giros para atención humanitaria por un valor cercano a los $4.000 millones.
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