El pasado 1 de diciembre, se dio un impulso significativo para las instituciones educativas ubicadas en la vereda Filo de Damaquiel, Placitas, la comunidad de Villa Vikingos y el corregimiento de San Nicolás del Río en San Juan de Urabá. Estos proyectos buscan no solo equipar los entornos escolares, sino también, fortalecer la formación académica de los estudiantes que han sido víctimas de desplazamiento forzado en estas comunidades.
Las dotaciones incluyen tableros acrílicos, sillas, archivadores, escritorios, ventiladores, pupitres, sillas, mesas para comedor, entre equipamientos, representados en estos proyectos de carácter comunitario, los cuales han sido respaldados con una inversión de 108 millones de pesos. Estas medidas están dirigidas específicamente a las comunidades que forman parte de los planes de retornos y reubicaciones, con el objetivo de hacer sostenible el proceso de retorno, reubicación e integración local.
El recorrido por las cuatro veredas y comunidades fue liderado por Leslie Paz Jaramillo, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Urabá Darién. “Estas entregas de mobiliarios hacen parte de los planes de retornos y reubicaciones que tenemos en el municipio, estas cuatro entregas por un valor aproximado de 100 millones de pesos a las diferentes instituciones educativas, dentro de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario” precisó la funcionaria.
Las cuatro instituciones educativas beneficiadas desempeñan un papel crucial en la formación diaria de alrededor de 2.522 estudiantes con un número significativo de población víctima que provienen en su mayoría, de áreas rurales y distantes. Las dotaciones representan un mejoramiento y alivio para los padres de familia que envían a sus hijos a estos establecimientos y que a su vez reciban la formación en un ambiente digno y propicio, así lo manifestó Angela María Palomo, habitante de la vereda Placitas.
“Agradecemos el proyecto por la dotación que nos trajeron, nos va a beneficiar grandemente, ya que los niños necesitan su comedor, sus sillas, la impresora, ventiladores que no tenemos y las demás cosas que han traído hasta acá”, expreso esta madre de la comunidad educativa.
En San Juan de Urabá, se han implementado cuatro Planes de Retornos y Reubicaciones Comunitarios, contando con la asistencia técnica de la Unidad para las Víctimas, en su construcción, actualización e implementación, teniendo en cuenta que han sido diseñados para ofrecer acompañamiento a las familias desplazadas que residen en estas comunidades. Estos planes buscan lograr una reparación integral en consonancia con la ley 1448 y sus Decretos Reglamentarios.
Frente a las dotaciones, Delis Lemus, madre de la comunidad estudiantil San Juan de Urabá sede Villa Vikingos, se mostró satisfecha por lo que considera un aporte a la educación de sus hijos, “Muy buena la dotación que le hicieron a la institución educativa del barrio Villa Vikingos, excelente trabajo, agradezco al secretario de educación por esa buena gestión ante la Unidad, es un apoyo. Si no es por esto, ellos no tendrían una buena educación”, resaltó.
San Juan de Urabá es un municipio ubicado al norte de la subregión del Urabá y su población alberga alrededor de 11.421 víctimas en el Registro Único de Víctimas que son sujetas de atención en los diferentes proyectos y programas que ofrece la Unidad para las Víctimas.
Los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario (EEAC) representan proyectos fundamentados en las acciones y necesidades identificadas en el marco de los Planes de Retorno y Reubicación aprobados. Este enfoque busca no solo proveer recursos materiales, sino también contribuir a la reconstrucción integral de estas comunidades afectadas por el conflicto armado, promoviendo así un impacto positivo y duradero en el tejido social y educativo de la subregión.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
