Atendiendo su vocación como administrador de bienes entregados o incautados por la Fiscalía a postulados en el marco del proceso de Justicia y Paz, el Fondo para la Reparación a las Víctimas desarrolla inspecciones masivas de predios a lo largo del país con miras a formalizar las ocupaciones irregulares de los mismos.
El Fondo visitó bienes ubicados en el municipio de Puerto Boyacá, en una estrategia que busca generar recursos para la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz que evidencia un rezago importante.
Según la información que reposa en las bases de datos del Fondo, la nueva administración en el Gobierno del Cambio encontró más de 900 predios que presentan ocupaciones irregulares, es decir, que carecen de un contrato de arrendamiento oficial con el Fondo y por ello no están siendo monetizados. Esto impide la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias.
En el caso de Puerto Boyacá, se evidencia que cerca de 60 predios requieren de la formalización de los contratos de arrendamientos. Ante este panorama, el Fondo llegó al territorio para que, a través del diálogo, los ocupantes definan su situación jurídica con respecto a los predios.
Estas nuevas inspecciones que lidera el Fondo, pero que cuentan con apoyo de otras instituciones, demuestran la intención de esta nueva administración por hacer una correcta y transparente gestión para cumplirle a las víctimas, que continúan exigiendo celeridad para recibir sus indemnizaciones judiciales.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
