Las comunidades afrodescendientes han enfrentado racismo y la discriminación, prácticas que han generado la naturalización de todo tipo de violencias en su contra, realidad que se intensificó en el marco del conflicto armado colombiano.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) con corte al 31 de agosto, se encuentran incluidas 1.246.931 personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), de estas, el 52,84% son mujeres, el 47,08% son hombres y el 0,08% tienen orientación sexual o identidades de género diversas.
Si bien, varios hechos victimizantes han afectado a esta población en el marco del conflicto armado colombiano, el desplazamiento, registra 1.210.325 víctimas, es el hecho que los ha impactado en mayor proporción, seguido de la amenaza con 97.308 y el homicidio con 54.773.
Por esta razón, en la sexta edición del boletín de Datos para la Paz, la Unidad para las Víctimas visibiliza, a través de la información estadística, los hechos que ha sufrido la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el marco del conflicto armado.
Adicionalmente, en el boletín de Datos para La Paz, se cuentan los avances en materia de reparación al pueblo negro por parte de la entidad. En este sentido, los Sujetos de Reparación Colectiva de víctimas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras representan más del 27% del total incluidos en el RUV.
Lo anterior significa que, de los 942 Sujetos Colectivos incluidos en el RUV, 252 son de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El 57,47% de los Sujetos de Reparación Colectiva de estas comunidades se concentran en la región Pacífica, donde también está el mayor número de Consejos Comunitarios constituidos.
Para conocer el boletín de Datos para La Paz puede hacer clic aquí o consultarlo, directamente, por medio del portal web de la Unidad para las Víctimas https://www.unidadvictimas.gov.co/ haciendo clic en la pestaña Datos para la Paz.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
