La Unidad para las Víctimas en el Cesar rechaza de manera enfática los contenidos engañosos que circulan en redes sociales, donde personas inescrupulosas, ajenas a la entidad, aseguran poder “ayudar” a la población víctima a agilizar o garantizar el pago de la indemnización a cambio de información personal o trámites intermediados.
En varios de estos videos, una mujer afirma que puede gestionar pagos de indemnización, induciendo al error a las víctimas del conflicto armado. La entidad reitera que ninguna persona está autorizada para contactar a víctimas ni para ofrecer supuestos cupos, listas o anticipos de pagos. Estos mensajes malintencionados buscan aprovecharse de la necesidad y la buena fe de la población sobreviviente del conflicto.
“No se dejen engañar, no entreguen sus documentos porque pueden ser utilizados para otras cosas, los trámites en la Unidad para las Víctimas son totalmente gratuitos y no necesitan intermediarios”, aseguró Gustavo Benjumea, director territorial de la entidad en Cesar y La Guajira.
La entidad reitera a las víctimas del departamento del Cesar que:
- Todos sus trámites son gratuitos.
- No existen intermediarios, gestores ni terceros autorizados.
- No se piden consignaciones, giros o pagos para acceder a indemnizaciones.
- No se anuncia por redes sociales a las personas que serán indemnizadas, para garantizar su seguridad y evitar la revictimización.
Cualquier comunicación oficial sobre procesos de indemnización se realiza de manera directa a través de los canales institucionales establecidos. Por ello, la entidad invita a la población víctima a usar exclusivamente los canales oficiales: página web, Centros Regionales de Atención a Víctimas y puntos de atención, y la línea nacional gratuita: 01 8000 911 119.
Asimismo, se recomienda evitar la información que circula en grupos de WhatsApp, videos en redes sociales o mensajes privados no oficiales, y reportar cualquier intento de engaño a las autoridades.
Con la campaña #YoTramitoSinTramitadores, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de las víctimas del conflicto armado, garantizando que el acceso a sus derechos sea seguro, digno y sin cobros indebidos.