Bogotá, 09 de noviembre de 2026.
La Unidad para las Víctimas hace un llamado a las víctimas del conflicto armado a tener precaución frente a ofrecimientos de asesoría o gestión de indemnizaciones que incluyan solicitudes de pagos anticipados bajo promesas de asegurar resultados. La advertencia responde a una comunicación ciudadana trasladada por la Procuraduría General de la Nación, en la que se reporta que una organización identificada como “Colombia sin Víctimas” estaría realizando posibles cobros por acompañamiento en trámites ante la entidad y actuaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los trámites, las solicitudes y las orientaciones ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos. Las víctimas pueden acceder a ellos directamente, sin intermediarios. Entregar dinero a terceros no garantiza obtener, acelerar, priorizar el reconocimiento o el pago de una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria.
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La información recibida incluye capturas de comentarios en redes sociales de personas que afirman haber realizado pagos sin obtener respuesta posterior. Estos reportes están pendientes de verificación y no constituyen, por sí solos, prueba de una conducta irregular o delictiva. La alerta busca prevenir posibles engaños mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.
El Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas ha proyectado solicitudes de información para establecer la existencia y situación jurídica de la organización mencionada en la comunicación, ampliar los reportes e identificar a las personas que podrían haber resultado afectadas y los soportes disponibles.
La contratación de servicios jurídicos privados no debe confundirse con un trámite obligatorio de la Unidad. Antes de contratar una asesoría o entregar dinero, es necesario verificar la identidad de quien ofrece el servicio, su alcance y las condiciones pactadas. También se debe revisar que la oferta no incluya falsas garantías sobre decisiones o pagos que corresponden a las instituciones.
La recomendación es tener especial prevención cuando una persona o una organización prometa indemnizaciones por vías nacionales o internacionales y solicite consignaciones anticipadas, sobre todo si asegura contar con contactos o facultades para garantizar los desembolsos.
El deber de todo ciudadano es proteger la información personal. No se deben entregar documentos de identidad, datos personales o bancarios, claves ni códigos de verificación a contactos cuya identidad y legitimidad no hayan sido comprobadas.
Para conocer el estado de una solicitud o verificar la autenticidad de una comunicación, las víctimas deben acudir directamente a los canales oficiales de la Unidad: su página web www.unidadvictimas.gov.co, Unidad en Línea, los centros regionales y los puntos de atención ubicados en todo el país. La consulta directa permite verificar lo que ofrecen terceros con la información institucional.
Quienes adviertan posibles irregularidades deben conservar los mensajes, audios, anuncios, contratos, poderes, números telefónicos, enlaces y comprobantes de pago relacionados con el ofrecimiento. Es necesario guardar los archivos originales con sus fechas, pues pueden servir de soporte para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
Las personas que consideren haber sido víctimas de engaños pueden denunciar ante la Fiscalía General de la Nación e informar a la Unidad para las Víctimas a través de sus canales oficiales, aportando los soportes disponibles.