Bogotá D. C., 27 de julio de 2026.
En un avance trascendental para la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado, Colombia puso en marcha la reglamentación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.
La reglamentación representa un cambio en la implementación de la política pública dirigida a las víctimas étnicas. Más allá de desarrollar un marco normativo, define procedimientos, responsabilidades y mecanismos de articulación entre las entidades del Estado para hacer efectiva una reparación integral con enfoque diferencial, respetando la identidad, la autonomía, las autoridades propias y la relación con el territorio de cada pueblo.
La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó la importancia de este logro para las comunidades étnicas del país.
“Con gran alegría queremos contarles a las víctimas que el presidente Gustavo Petro firmó la reglamentación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, poniendo fin a 14 años de espera para las víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica. Este es un hecho histórico que, tras un amplio proceso de consulta previa y concertación con los pueblos étnicos, permitirá materializar derechos diferenciales en materia de asistencia, atención y reparación integral. Además, fortalece la coordinación entre las entidades del Estado y contribuye a cerrar las brechas de exclusión que durante años han enfrentado los pueblos indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, garantizando una reparación con enfoque diferencial, respeto por su identidad, su autonomía, su cultura y su relación con el territorio.”
Con este instrumento, las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) cuentan con lineamientos que fortalecen la coordinación institucional, mejoran la capacidad de respuesta y favorecen una atención más oportuna, pertinente y acorde con las realidades de los pueblos indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
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La reglamentación también fortalece la participación efectiva de los pueblos étnicos en las decisiones que los afectan y reafirma el reconocimiento de los daños individuales y colectivos ocasionados por el conflicto armado, incorporando dimensiones esenciales como el territorio, la cultura, la espiritualidad y las formas propias de organización.
Este logro es el resultado de un amplio proceso de diálogo y construcción conjunta entre el Gobierno nacional y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos. De esta manera, el Estado pasa del marco normativo a la acción concreta, dotando al país de herramientas efectivas para consolidar la reparación desde el respeto a la diversidad.
