Este viernes, 17 de noviembre, se realizó en Quibdó, Chocó, la primera audiencia pública citada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para discutir, junto con la ciudadanía, los puntos clave de los proyectos de ley que pretenden reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que hoy hacen su trámite a través de este organismo.
El espacio contó con la participación de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien socializó las principales apuestas de la propuesta presentada por el Gobierno nacional y agradeció la voluntad de quienes se han sumado a esta discusión para dar pasos hacia una mejor atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.
“El proyecto de reforma presentado por el Gobierno nacional busca dar pasos significativos para el cumplimiento efectivo de la Ley de Víctimas. Esto lo hicimos con el apoyo y la participación de las víctimas. Quiero agradecerles por haber hecho parte de este proceso que el Gobierno ya le presentó al Congreso, para que se dé un debate democrático y así sacar adelante la mejor reforma posible. Sus voces fueron la base para presentar este proyecto, que se suma al esfuerzo de las demás propuestas de los congresistas”, dijo Tobón Yagarí.
La directora expuso que la búsqueda de fuentes de financiación para superar el rezago en materia de atención y reparación, la articulación de la política de víctimas con el Acuerdo Final de Paz y la implementación de soluciones duraderas para quienes han sufrido hechos como el desplazamiento forzado son algunos de los temas incluidos en el proyecto, fruto de la discusión en el amplio proceso participativo.
“Así como las victimas lo han manifestado y propuesto, uno de los puntos de nuestra propuesta es articular la política de víctimas con el sistema creado a partir del Acuerdo Final de Paz. Es necesario articular estos dos sistemas y llegar juntos para la atención e intervención en los territorios más afectados”, mencionó.
Sobre las propuestas para la búsqueda de mayores recursos, la directora señaló: “Ustedes también han expresado su preocupación por más recursos. Así que propuestas como la creación de una Comisión de Financiamiento para analizar cuáles pueden ser otras fuentes de financiación es un paso fundamental para cumplir con los derechos de las víctimas. Esto es fundamental, porque la paz empieza con que haya justicia social para quienes padecieron el conflicto armado”.
Por otro lado, respecto a las acciones en clave de soluciones duraderas, la directora de la Unidad mencionó que las víctimas requieren más oportunidades en educación, salud, vivienda y generación de ingresos para superar su situación de vulnerabilidad. “Por eso, hay que transitar del asistencialismo a las soluciones duraderas y la reintegración socioeconómica de las víctimas. Y en este proceso no podemos estar solos, requerimos del apoyo de diversos sectores como lo es el sector privado”, resaltó.
Tobón Yagarí se sumó al llamado que hicieron las víctimas en la audiencia pública para que la Cámara de Representantes priorice y les dé celeridad a los proyectos en pro de garantizar una mejor atención y reparación a quienes han padecido el conflicto armado.
“Avanzar con el trámite de esta reforma es una responsabilidad muy grande para el Congreso y el Gobierno, donde contamos con la participación de las víctimas. Es una responsabilidad de todos y todas, es la única manera de que esto avance y darles una respuesta a las víctimas”, afirmó.
Al finalizar, la directora agregó: “Quiero agradecer que estas audiencias públicas del Congreso se hagan con la ciudadanía y en los territorios. En esta ocasión, desde Quibdó, les quiero decir que seguimos con el compromiso sincero de que somos conscientes de que estamos entregando un insumo muy importante y que con la voluntad de todos podremos seguir avanzando”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
