Entre los campesinos e indígenas de Segovia, Antioquia, persiste el temor por los enfrentamientos armados, las restricciones a la movilidad, las minas antipersona y las amenazas que los mantienen sin poder regresar a sus veredas y confinados en un resguardo.
Para garantizar la subsistencia mínima de estas comunidades afectadas por la disputa violenta entre varios grupos armados, la Unidad para las Víctimas llegó hasta la apartada vereda Rancho Quemado y la comunidad emberá de Tagual La-Pó con casi 20 toneladas de ayuda humanitaria.
En total, 282 familias (881 personas) recibieron alimentos, elementos de aseo y artículos de albergue para responder a esta emergencia masiva. Las comunidades atendidas son 147 familias desplazadas de las veredas Monte Frío, Arenales y La Jagua, conformadas por 360 personas y 135 familias indígenas confinadas (521 personas).
La llegada de la misión humanitaria a esta zona, ubicada a 4 horas por trocha del casco urbano de Segovia, “mitiga las necesidades básicas que tenemos por esta situación del conflicto y es la segunda ayuda que recibimos de la Unidad para las Víctimas”, dice el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Jagua, William Uribe Rodríguez.
Al líder social le preocupan las consecuencias del desplazamiento forzado tras el deterioro de la economía de los campesinos por “las pérdidas de cosechas y animales domésticos que quedaron solos allá en las fincas, de animales como ganado que se mataron en las orillas de los potreros por las minas (explosivos)”.
También menciona que “hay problemas de salud y desescolarización escolar” debido a que la escuela fue ocupada como albergue temporal de las personas.
Durante este año se intensificó en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueños la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. A estos se suman las operaciones militares contra esos grupos.
Como consecuencia, en las zonas rurales de Segovia se han presentado en los últimos meses combates, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento ilegal de menores y uso de minas antipersonal. Además, horarios restringidos de movilidad a los transportadores por las vías terciarias y extorsiones.
Por tal motivo, los líderes campesinos coinciden que necesitan seguridad y el desminado de sus veredas como garantías para volver a sus sitios de origen y recuperar sus actividades de agricultura, ganadería y minería.
Atención a indígenas
En otra zona apartada de Segovia, entre montañas y valles surcados por ríos, se localiza el resguardo Tagual La-Pó. Allí los 521 indígenas emberá recibieron con “alivio” la ayuda humanitaria de la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Varios de ellos, como Rafael, salieron de sus tambos y recorrieron un largo camino hasta llegar a la caseta comunitaria para abastecerse. Para este momento, “ya casi no teníamos alimentos, porque llevamos dos meses confinados por los grupos armados y no podemos salir a la pesca ni de cacería”, afirmó sonriente tras recoger los víveres para su familia.
Por su parte, el gobernador Emiro Gutiérrez cuenta que los habitantes “no pueden salir a jornalear a las fincas donde muchos trabajan ni a recorrer el monte, porque estamos en riesgo por los campos minados”. No obstante, como lo dicta su cosmovisión y cultura ancestral, no consideran abandonar sus tierras. “Resistimos por la madre tierra, de ella vivimos y, por eso, defendemos nuestro territorio”, repite una y otra vez el líder.
La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, expresó: “Continúa la coordinación con la alcaldía, entidades territoriales y la fuerza pública para atender a estas poblaciones mientras se garantizan las condiciones de seguridad y voluntariedad para el regreso a sus hogares y el fin del confinamiento”.
Así mismo, la funcionaria informó que “este año la entidad ha atendido, con ayuda humanitaria inmediata, a más de 500 familias indígenas y campesinas afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos causados por hechos en los municipios de Frontino, Cáceres, Segovia e Ituango”.
Esta semana se tiene previsto continuar con la asistencia a comunidades desplazadas en Cáceres y El Bagre.
Entre enero y agosto de 2023, han sido atendidas con ayuda humanitaria en especie 14.341 familias (37.943 personas) desplazadas o confinadas por hechos de violencia. Otras 3.436 familias en 129 municipios recibieron ayuda económica para garantizar alojamiento y alimentación por estos hechos victimizantes.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
