Los principales organismos de control y las entidades gubernamentales del territorio se dieron cita en el Subcomité de Justicia Transicional de Mistrató, Risaralda, para resolver algunas de las inquietudes que tienen las comunidades indígenas retornadas por parte de la Unidad para la Víctimas en los años 2012, 2015 y 2018.
Los voceros de las víctimas en cabeza del Gobernador Indígena Nelson Siagama y Ancizar Tamaniza, coordinador de la Mesa de Víctimas Municipal, solicitaron a las entidades presentes mejorar las condiciones de los sitios en donde actualmente los niños indígenas reciben clases, solución para temas de vivienda, formulación de proyectos productivos, mejoramiento de vías y construcción de puentes.
“Nosotros estamos reconociendo que las entidades del Estado han venido cumpliendo con algunos de los compromisos adquiridos, pero falta mucho para que realmente la comunidad retornada tenga una condiciones de vida dignas para estar tranquilos con sus familiares, por eso solicitamos que nos garanticen las obras y que podamos contar con proyectos que nos puedan permitir un sustento sin afugias”, argumentó Ancizar Tamaniza.
Tanto las procuradurías, como la Defensoría y la Personería hicieron un recorrido cronológico por cada una de las necesidades expresadas por los integrantes de la comunidad, y solicitaron a las entidades presentes secretarías de educación, salud y desarrollo social de la Gobernación, ICBF y la Unidad para las Víctimas, respuestas claras frente a lo propuesto.
“Estamos acá para mirar de qué manera el Estado está respondiendo a las demandas que las víctimas del conflicto armado están solicitando en el territorio, mirando los compromisos que existen con las familias indígenas retornadas y hasta dónde se han cumplido, vamos a seguir trabajando fuertemente para que los derechos de ellos sean respetados y se mejore la condiciones de vida de las familias”, comentó Elsa Gladis Cifuentes, defensora del Pueblo.
Frente a la presencia de las entidades el procurador regional Ernesto Amézquita, opinó: “Para nosotros como ministerio público la visita a los municipios es una demostración de que en la Procuraduría General de la Nación estamos trabajando de manera sería y a conciencia con las víctimas del conflicto, hacemos lo posible por promulgar la consolidación de la paz y desde luego las garantías de no repetición, estamos como organismos de control listos para escucharlos, generando este espacio de democracia y teniendo como columna vertebral el respeto por la jurisdicción indígena y la comunidad víctima”.
Al respecto del asunto puntual de vivienda para familias retornadas en el año 2012 desde la ciudad de Bogotá, compromiso adquirido por parte de la Unidad para las Víctimas, la entidad proyectó una respuesta clara:
“Tuvimos una reunión con los gobiernos indígenas y funcionarios de Fiduagraria para mirar el tema de las 7 viviendas que quedaron en el compromiso, realmente hubo un problema entre Fiduagraria y el contratista por lo cual se debió liquidar el contrato por parte de la aseguradora y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento; lo concreto es que en un mes se dará lugar a un nuevo contrato y se iniciará el transporte de materiales para que esas viviendas queden construidas en el menor tiempo posible”, puntualizó Laura Moreno, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero.
Las distintas entidades en esta zona del país y desde luego la Unidad para las Víctimas, continuarán trabajando en el territorio para garantizar los derechos de las familias retornadas y cumplir con los compromisos adquiridos, para lograr la permanencia de estas familias en sus tierras ancestrales y junto a sus seres queridos.
Finalmente otro de los compromisos de la Unidad para con la población víctima de Mistrató es desarrollar tres jornadas de atención integral, durante tres meses a partir del mes de junio, para solucionar temas de solicitud de ayudas humanitarias y novedades de registro.
(FIN/EHB/MPA/DFM)
