Ante representantes de los ministerios de Agricultura, Educación, Cultura y Deporte, el Icbf, el Icetex, el Sena, la Gobernación del Chocó, alcaldías y la Unidad para las Víctimas, entre otras entidades, se llevó a cabo ayer el acto protocolario que reconoció a las comunidades chocoanas de Cuevita y Pilizá como Sujetos de Reparación Colectiva.
Ser admitidas como poblaciones víctimas del conflicto les permitirá acceder a las medidas y acciones a las cuales tienen derecho para resarcir el daño causado por el conflicto. Pilizá tiene 566 habitantes y Cuevita 162.
“Reconocernos como sujeto de reparación colectiva es muy importante porque se va a subsanar todo el quebranto de nuestros derechos como colombianos y comunidades afro que hemos luchado por mantener nuestro territorio y proteger nuestra identidad cultural”, expresó Einer Orlando Mosquera, del consejo comunitario de Cuevita, en inmediaciones entre Nuquí y el Bajo Baudó, cerca a Cabo Corrientes.
Para Harold Valencia Murillo, representante del consejo comunitario de Pilizá, “es un logro muy esperado por las comunidades porque con esta firma estamos diciendo que nos van a reparar por todo lo que hemos sufrido por el conflicto armado”.
Con esta formalización se iniciaron cuatro días de reuniones con representantes de los consejos comunitarios chocoanos de Cuevita, Pilizá, Pavasa y Virudó, con el propósito de protocolizar los planes específicos de Prevención, Protección y Atención a Víctimas de Comunidades y Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, Víctimas de Desplazamiento y Confinamiento Forzado.
Los planes específicos son herramientas que permiten identificar de manera concertada las necesidades y las condiciones que agravan la situación humanitaria y vulneran los derechos de las comunidades afrocolombianas víctimas, con el propósito de acordar medidas que atiendan de una manera prioritaria sus derechos colectivos y ayuden a superar la crisis económica y social de estas poblaciones, además de propender por el fortalecimiento cultural como instrumento de resistencia.
Esta reunión con estas comunidades del Bajo Baudó, región que tiene poco más de 15.000 habitantes, responde al cumplimiento del auto 005 del 2009, pronunciado por la Corte Constitucional, que permite el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que obliga a diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana, afectada por el desplazamiento forzado, para la cual se debe contar con la participación efectiva de las comunidades negras y afro, teniendo en cuenta a las autoridades territoriales concernientes.
Ante los planes específicos, Valencia Murillo, aseguró que Pilizá tiene 17 medidas y que el objetivo de la concertación con la institucionalidad es ver cómo las implementan. “Las acciones más importantes se encaminan a mejorar la falta de una educación que permita acceder a la universidad, la construcción de los muelles que necesita la comunidad y la reubicación digna, en cuanto a vivienda, de personas que se desplazaron”.
“Esperamos que las medidas de los planes para Cuevita se materialicen, como el plan de retorno y reubicación porque el consejo comunitario está repartido en la región, y una vez retornados vamos a tener el derecho de disfrutar de nuestro territorio y podremos recuperar nuestras prácticas ancestrales perdidas por el conflicto, así como fortalecer nuestra forma de gobierno propio a través de capacitaciones, crear proyectos productivos que garanticen una seguridad alimentaria y el rescate de nuestras prácticas culturales de agricultura, de siembra de azoteas, y también para conservar nuestra medicina ancestral”, concluyó Mosquera.
Las reuniones de las entidades con estos consejos comunitarios finalizarán el 24 de junio.
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